La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzga al agente, que se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel. Márquez y el empresario que le denunció firmaron un contrato en 2008 para constituir una sociedad de servicios de intermediación y gestión en el mercado de fichajes.

El empresario, que actualmente tiene 66 años, ha indicado que el denunciante aportaba los fondos para las gestiones y él su "trabajo y conocimientos" como agente. Según ha dicho, acumula más de 40 años de experiencia en este campo.

La Fiscalía le acusa de haber iniciado en 2015 las actuaciones para el fichaje de Iker Casillas a espaldas de su socio para quedarse para sí todo el beneficio económico.

Sin embargo, el acusado sostiene que en 2012 vendió su participación al padre de su socio; desde entonces considera que ya estaba desvinculado de la empresa, Mallorca Viva SL, y que el contrato original ya no tenía "ninguna validez".

A partir de ahí actuaba como "agente libre", si bien le propuso distintas operaciones a la sociedad, pero ya no trabajaba con ellos "en exclusiva". Según Márquez, sus antiguos socios sabían que también realizaba gestiones al margen de su colaboración con Mallorca Viva SL.

También ha remarcado que su participación en la operación con el exjugador del Real Madrid fue conocida por los medios de comunicación y que habría sido "imposible" mantenerlo en secreto. "Es que es Iker Casillas", ha enfatizado.

Además, ha defendido que los viajes que hizo a Portugal que pagó la empresa fueron por gestiones relacionadas con Paulinho, otro futbolista representado por la sociedad, del que él era el agente. Asimismo, el acusado ha dicho que existe "una cantidad muy importante de dinero" que la sociedad todavía no le ha "liquidado".

EL DENUNCIANTE CONTRADICE SU VERSIÓN

Por su parte, el empresario denunciante -que ha declarado en calidad de testigo- ha asegurado que cuando Márquez vendió su participación continuaron funcionando de la misma forma que hasta el momento. En particular, ha señalado que el acusado había contraído "una deuda" por lo que le pidió ayuda para solventarla. Pasados cuatro años desde que comenzaron juntos en el negocio, la relación "se había extendido al plano personal".

Por ello, el empresario ha dicho que él y su padre le echaron "una mano" con la compra de su participación y que después siguieron "con la misma forma de trabajar", para que Márquez pudiera "continuar con su vida profesional". El denunciante ha apuntado que él sólo tenía experiencia gestionando proyectos inmobiliarios, por lo que no conocía el mercado de fichajes, de manera que Márquez era "imprescindible para el objeto de la sociedad" que habían creado.

Además, el denunciante ha asegurado que nunca se rescindió el contrato de 2008, ni a nivel documental ni "a nivel fáctico", y que él siguió cumpliendo con su obligación de aportar fondos, hasta que en julio de 2015, a raíz del fichaje de Casillas, interpuso la demanda contra su socio.

Según ha contado ante el Tribunal, Mallorca Viva SL siguió haciéndose cargo de los gastos de Márquez hasta 2015, incluyendo las cuotas de autónomo, una nómina, contrato de teléfono, un canal de televisión de pago especializado en deporte, un coche e incluso un piso en Majadahonda con una renta mensual de 1.800 euros.

El denunciante ha precisado que el acusado firmó el contrato de alquiler de la vivienda en nombre de la sociedad, y no a título personal. "Tras cinco años trabajando todos los días en Mallorca Viva, era una relación suficiente", ha argumentado.

El empresario ha añadido que Márquez "tenía libertad" en base a su "confianza" para disponer de los fondos, ya que hablaban "todos los días". Asimismo, ha declarado que en los siete años de actividad de la sociedad "no ha habido beneficios" sino que "sólo ha habido gastos y pérdidas". Como ejemplo, ha mencionado una inversión de 250.000 euros para hacerse con los derechos de un jugador, de la que el ingreso "ha sido cero".

Por su parte, el representante de Iker Casillas, Carlo Cutropia, ha declarado que cuando Márquez negoció la operación lo hizo actuando en nombre propio, y no como Mallorca Viva SL.

EL EMPRESARIO DENUNCIANTE LE ACUSA DE ESTAFA

La acusación particular, representada por el letrado Jaime Campaner, señala que entre Márquez y el perjudicado existía no sólo una relación profesional sino también de confianza, por lo que además de la apropiación indebida atribuye al acusado un presunto delito de estafa. Márquez ha rechazado contestar a las preguntas del letrado de su antiguo socio.

El fiscal pide por estos hechos cuatro años de prisión, una multa de 3.000 euros y que indemnice al denunciante con los 440.750 euros de las comisiones.

Por su parte, la acusación particular reclama seis años de prisión, multa de 5.400 euros y la misma indemnización que la Fiscalía más 22.400 euros por los gastos de su actividad negociadora entre los meses de junio y julio.

El juez instructor requirió a Márquez que prestara una fianza de 550.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.