Así consta, según este periódico, en las actas de comparecencia de las mujeres incluidas en el sumario del caso. Los agentes, según la información, pretendían averiguar si se habían cometido delitos de aborto ilegal.

Al menos cuatro mujeres fueron sometidas a estos interrogatorios en marzo de 2007. Seis más, que ni siquiera habían abortado pero cuyos nombres los agentes del Seprona de la Guardia Civil encontraron entre los residuos de la clínica, también fueron preguntadas sobre el motivo de su presencia en la clínica, en todos los casos para una revisión ginecológica.

Estos diez interrogatorios fueron llevados a cabo sin petición judicial alguna. Meses más tarde, a partir del pasado diciembre y ya con una solicitud del juez, los agentes interrogaron a otras 10 mujeres, incluida una niña de 14 años que había abortado.

Según El País, los agentes animaban a las mujeres a denunciar a la clínica Isadora, en algunos casos por una vulneración de la ley de protección de datos -ya que su nombre y teléfono había sido encontrado entre los residuos sanitarios que iban a ser incinerados-. En otros, según el acta de una paciente que sí quiso tomar medidas contra el centro, la razón era que su feto "apareció en un cubo de la basura".

En realidad, según consta en el sumario, el supuesto cubo de la basura eran los bidones herméticos y refrigerados, en los que la clínica depositaba sus residuos. Estos bidones eran retirados tres días a la semana del centro por una empresa autorizada que procedía a su destrucción.

Meses después de estas primeras declaraciones, coincidiendo con la polémica en Barcelona por la investigación judicial a las clínicas del doctor Carlos Morín, el procedimiento judicial contra Isadora volvió a cobrar impulso. El 10 de diciembre de 2007 el juez Sierra pidió que declararan todas las mujeres que habían abortado en la clínica durante los días anteriores a la recogida de los residuos incautados por la Guardia Civil. En total, 25 mujeres.

El magistrado solicitó al centro los historiales clínicos de todas ellas, que incluían a dos menores de edad - una chica de 13 años y otra de 15 cuando se les practicó el aborto- y pidió al Seprona que las identificara y citara. Algunas de ellas ya habían sido llamadas en marzo, cuando la Guardia Civil actuaba sin autorización judicial.

En esta segunda tanda de citaciones, en algunos casos, en lugar de usar otros procedimientos legales, los agentes se presentaron directamente en el domicilio de las mujeres, sin tener en cuenta si sus familiares sabían que habían abortado.

"Vinieron un día a mi domicilio a las ocho de la tarde, mientras bañaba a mis hijos", recuerda una de ellas, que no quiere ser identificada. "Me dieron un susto de muerte. Decían que había mucha alarma social con lo de Morín en Barcelona y que querían que declarara. Sentí que había hecho algo terrible".

Estas declaraciones fueron distintas de las del mes de marzo. Ya no preguntaban por qué se había producido el aborto, ni las semanas de gestación, ni si tenían informes para probar que todo había sido legal.

Las preguntas se centraban esta vez en cuestiones procedimentales de la clínica: a cuántas consultas habían asistido, qué preguntas les había hecho la psiquiatra, si el personal había realizado alguna prueba médica... y finalmente les enseñaban las fotos del personal de la clínica en un álbum fotográfico, como si fueran sospechosos policiales, por si reconocían a alguien.

Declaró con 14 años

Una de las testigos tenía 14 años cuando la llamaron, 13 cuando abortó. En la declaración estuvo acompañada por su madre. Ambas eran de nacionalidad rumana. A esta menor, que había llegado a Isadora derivada por un centro de salud mental de Alcalá de Henares (Madrid) también le hicieron todo tipo de preguntas sobre los pormenores de las consultas previas a la intervención, el precio de la intervención -que había corrido a cuenta de la sanidad pública- y también le enseñaron las fotos de los médicos que la habían asistido como si fueran delincuentes, según la información de El País.

El fiscal pidió que se interrumpieran estos interrogatorios, señalando, en un escrito de 17 de enero que esta diligencia no era "relevante" ni "necesaria". Y pidió que, si no se acepta su solicitud, las mujeres declaren al menos ante el juez. El magistrado Sierra rechazó la petición y aseguró que la Guardia Civil estaba preservando, en todo momento, la intimidad personal y familiar de las mujeres.