En su declaración, S.L.G. ha señalado que todo es un "montaje" de su exmujer, quien tras el divorcio le interpuso "una denuncia falsa por malos tratos", con el objetivo de que el acusado "retire" la demanda en un pleito que tiene en relación a esas dos fincas.

En este sentido, el procesado, que sólo ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal y de su representante legal, ha explicado que antes del divorcio puso al nombre de su entonces esposa las referidas fincas "para salvaguardarlas de las vicisitudes el mercado económico e inmobiliario" y que tras romper su matrimonio realizó las gestiones para volver adquirir esos inmuebles con un contrato de compra-vente "que tras ser firmado" su exmujer "no reconoce" y por lo que están personados "en un pleito a parte".

Con respecto al delito de estafa y de falsedad documental de que se le acusa y en el que supuestamente los cuatro acusados de forma coordinada falsificaron un poder notarial para la adquisición de esas fincas, S.L.G. ha asegurado que "no ha visto nunca" ese poder notarial y que "desconoce" todas esas actuaciones.

"ENGAÑADOS"

Por otra parte, otros de los dos acusados han indicado que fueron "engañados" por S.L.G. y se aprovecharon de "la buena fe" de ambos para conseguir su objetivo.

En este aspecto, el acusado P.L.C.C. ha indicado que por su trabajo de auditor y economista tenía una relación de negocios con S.L.G. quien en un momento dado le pidió "como favor" que recibiera un poder notarial para representar "a una amiga de S.L.G. que vivía en Málaga" en una transacción de compraventa de terrenos a lo que accedió.

De esta manera, P.L.C.C. ha indicado que, pese a que se ofreció a realizar el favor "de manera desinteresada", S.L.G. insistió en que cobrara 300 euros por hacer esa gestión, algo que finalmente aceptó.

Así, tras acudir a una notaría y recibir un cheque nominativo por la transacción inmobiliaria, este encausado ha apuntado que, días después, el notario le informó que el poder notarial era falso y que había redactado un escrito de rectificación. Al respecto, ha asegurado que "nunca vio nada raro" ni "sospechó" de la falsedad del poder.

Por otra parte, el acusado M.D.N. ha indicado que en su momento fue administrador de dos sociedades de S.L.G. porque éste "se lo pidió" y al tener "plena confianza" en él, aceptó. Así, ha detallado que antes del momento de los hechos que se enjuician, "nunca tuvo problema alguno" en cuanto a su condición de administrador de esas sociedades.

Asimismo, M.D.N. ha manifestado que S.L.G. le hiciera el favor de acudir una notaría y firmar los papeles la compra de unos inmuebles algo que aceptó dado que "confiaba en él" y me dijo que esas fincas iban a pasar de su propietaria "que no sabía que se había divorciado de S.L.G." y pensaba "que estaba de acuerdo con la transacción" a una de las sociedades referidas.

Por último, ha declarado F.A.Q quien a las preguntas de las partes ha explicado que está aquejado de una enfermedad que le ha afectado a la memoria y le hace estar medicado con morfina por lo que "no recuerda nada" de los hechos que se le acusan.

TRES AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN

Cabe destacar que en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide los cuatro acusados una pena de dos años de cárcel y el abono de las costas procesales por un delito de estafa, al tiempo que solicita para todos ellos un año y tres meses de prisión y una multa de ocho meses con cuota diaria de siete euros (1.680 euros) por un delito de falsedad en documento oficial.

Con respecto a la exposición de los hechos, la Fiscalía señala en su escrito que los procesados a principios de enero del 2010 "se concertaron con la finalidad de privar de su legítima propiedad" a la exesposa de S.L.G. de dos fincas urbanas que le habían sido adjudicadas tras haber pactado previamente un régimen de separación de bienes.

De esta manera, el escrito del Ministerio Fiscal indica que F.A.C. acudió a la oficina de una notaría de Tomares "otorgando un poder general vender fincas de su propiedad a favor de P.L.C.C.". Así, una vez conseguido el poder, "con falaz propósito", sustituyeron el nombre de F.A.C. por el de la exmujer de S.L.G.. Posteriormente, el 26 de feberero de 2010, P.L.C.C. compareció en la oficina de otra notaría de Alcalá de Guadaíra y "haciendo uso del mendaz poder" vendió a M.D.N., que "actuaba" en nombre de una sociedad, dos fincas urbanas propiedad de la exesposa de S.L.G. situadas en Mairena del Aljarafe y en Ayamonte (Huelva).

La Fiscalía señala, además, que para justificar el pago M.D.N. entregó a P.L.C.C. un cheque librado contra una cuenta bancaria cuya titularidad corresponde a otra sociedad siendo M.D.N. el autorizado para disponer de los fondos. Así, dicho cheque "nunca llegó al poder" de la perjudicada y "no llegó a cargarse" en la cuenta referida.

Finalmente, las dos fincas urbanas, cuyo valor supera los 60.000 euros, no llegaron a inscribirse en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad adquiriente puesto que P.L.C.C. compareció en la notaría de Alcalá "haciendo ver que el poder era inveraz" por lo que el notario extendió diligencias de rectificación por falta de autenticidad del poder y, a consecuencia de esto, se suspendió la inscripción el Registro.

Cabe apuntar que el Ministerio Público señala que las dos sociedades actuantes en el proceso son sociedades "de fachada instrumental" al tener un único socio, M.D.N., quien "actúa siguiendo las instrucciones de S.L.G.".