La Fiscalía ha adelantado este martes su informe final, en el que sostiene el delito de rebelión y acusa a los líderes políticos de protagonizar un "golpe de Estado". Esto es lo que ha dicho sobre cada uno de los acusados:

En ausencia del expresident Carles Puigdemont, la Fiscalía considera que el liderazgo lo ejerció su vicepresidente Oriol Junqueras, a quien se ha referido como el "motor de la rebelión". Del líder de ERC ha criticado el "ejercicio de cinismo sin precedentes" que supuso su declaración.

La Fiscalía ha cargado duramente contra el exconseller de Interior de Joaquim Forn por su "actitud delictiva desde el principio hasta el final" al disponer del "control absoluto de los Mossos d'Esquadra en todo momento", cuya actuación el 1 de octubre de 2017 ha tildado de "montaje".

Sobre Jordi Turull, la Fiscalía ha dicho que "era el maquinista principal y además de preparar el 1-O debía crear estructuras de Estado". "En esa arcadia administrativa y pulcra, el señor Turull batió récords de velocidad al conseguir en tres días la financiación para la campaña Civisme", ha criticado.

Puigdemont, junto con Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, entre otros, componían lo que ha tildado de "sanedrín" o "estado mayor" del proceso independentista. "No son presos políticos ni tampoco hay detenciones arbitrarias", ha dicho la Fiscalía sin nombrar directamente a Romeva.

Aunque la Fiscalía no se ha referido exclusivamen a Josep Rull, ha considerado que los líderes del proceso independentista, entre los que está el exconseller, "forman una organización criminal que ha hecho de la administración catalana su particular cortijo".

"Todos los miembros del Govern son responsables únicos y máximos de esas distracciones patrimoniales y desvíos de fondos públicos", ha dicho la Fiscalía. Aunque no la ha nombrado, Bassa se enfrenta a 16 años de prisión por "ocultar gastos destinados" al 1-O.

La Fiscalía han insistido este martes en que "Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron los reyes y señores del orden cívico de Barcelona", que "impartían órdenes a los Mossos" y "condicionaron" la actuación de la Guardia Civil en otoño del año 2017.

El ministerio público considera que Sànchez y Cuixart "se convirtieron en los dueños del orden público" hasta el punto que los Mossos d'Esquadra dependían de sus decisiones y llegaron a condicionar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que fueron desplegados en Cataluña.

De la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dicho que fue "el auténtico bastión desde la Mesa" para aprobar las leyes de desconexión: "El Parlament con Carme Forcadell al frente sirvió para dotar al ‘procés’ de aparente cobertura jurídica".

Sobre estos tres acusados, la Fiscalía ha dicho que "no cumplieron ni uno de los 10 autos y sentencias dictados por el TC frente a los actos ilegales cometidos" y que  "son los responsables últimos y máximos de todos y cada uno de los desvíos de fondos públicos". Además ha insistido en "que el inmenso derroche de fondos públicos fue un execrable ataque al Estado democrático social y de derecho".

Borrás está acusada de malversación de caudales públicos y desobediencia, delitos por los que la Fiscalía pide para ella siete años de cárcel. Por su parte, Mundó está acusado de no obedecer ninguno de los requerimientos del Tribunal Constitucional, colaborar en la convocatoria del referéndum ilegal y autorizar gastos ilegales de dinero público. Por último, Vila está acusado de desobediencia y malversación, por lo que se enfrenta a hasta siete años de cárcel.