Así, la Fiscalía ha mantenido la petición de diez años de prisión para la mujer que ha comparecido en el juicio por los delitos de trata de seres humanos y prostitución coactiva. En el caso del hombre, ha rebajado la solicitud de pena a dos años de cárcel, al considerar que se benefició de la explotación sexual pero no la forzó a ejercer.
Según el fiscal, los acusados se habrían hecho con los servicios de la víctima a la que alojaban en la vivienda en la que ellos convivían, previamente concertados con personas en Nigeria que consiguieron la documentación para pasar los controles en 2011. Así, la víctima "para ser libre y hacer su propia vida, previamente habría de pagar a los acusados la deuda contraída por traerla a España.
Esta acusación sostiene que le imponían que esa deuda la abonara "mediante el ejercicio de la prostitución, debiendo hacer entrega del dinero obtenido con la venta de su cuerpo a los acusados", apuntando que la víctima se vio obligada a hacer esto en un polígono de Málaga hasta enero de 2014 cuando decidió informar de lo que sucedía a la Policía.
En el juicio, la víctima ha confirmado que durante años se vio forzada a ejercer la prostitución en un polígono de Málaga para saldar dicha deuda, responsabilizando sobre todo a las dos mujeres. También ha ratificado lo que ha sostenido la Fiscalía de que debía entregar todo el dinero y que estaba vigilada y acompañada por una de las acusadas.
Por su parte, los acusados han negado los hechos, asegurando que la víctima solo estuvo unos meses viviendo con ellos y rechazando que fueran quienes la trajeron a España desde Nigeria; además de que han apuntado que ejercía la prostitución voluntariamente y que los denunció por venganza.
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