La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, se ha lanzado este martes a la piscina con el brexit: ha abierto la puerta a que los parlamentarios voten sobre si quieren que se celebre un segundo referéndum, una opción de la que aún reniega en público. Pero esta aparente concesión, dirigida a parte de los conservadores y a los laboristas, tiene truco, ya que estaría vinculada a que su acuerdo de retirada, el rechazado tres veces, recibiera al fin un 'sí'.

La oferta de May es enrevesada. Dentro de dos semanas pretende llevar al Parlamento el proyecto de ley sobre el acuerdo de retirada —no el acuerdo en sí, sino, directamente, su encaje en la legislación británica— con algunos cambios. Además de la segunda consulta, incluye la garantía de que el Reino Unido mantendría los estándares laborales y medioambientales comunitarios una vez abandone el bloque europeo.

Y también una "unión aduanera temporal", solo para mercancías, hasta las próximas elecciones en el Reino Unido, previstas por ahora para 2022 y con votación aparte. Por último, constará una "obligación legal" para que el Gobierno busque "alternativas" al plan de emergencia que la UE ha planteado para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, el 'backstop', que entraría en vigor en diciembre de 2020 si antes las partes no han logrado un acuerdo.

Con estas novedades pretende que los comunes den luz verde de una vez a su acuerdo y, para empezar, evitar que el próximo 2 de julio los eurodiputados británicos tomen posesión de sus escaños. May adelantaría así el divorcio, que la UE prorrogó hasta el 31 de octubre dada la indecisión en Londres.

La primera ministra quiere salir así de la parálisis en la que se encuentra el brexit y ha insistido en que está trabajando para una salida con acuerdo. De fondo está su propia continuidad: ya dijo que dimitirá si su acuerdo es finalmente ratificado, tal como le reclamaba el sector euroescéptico de su formación, pero afrontará una enorme presión para que se retire si el acuerdo es rechazado por cuarta ocasión.

El proyecto de ley es la "última oportunidad" para que el Reino Unido "cumpla con el resultado" de la consulta de junio de 2016, insiste."Inicialmente, queríamos aprobar el acuerdo con el respaldo de los conservadores y el DUP. En nuestro sistema, así es como se hacen normalmente las cosas", ha indicado. No obstante, las trabas la han llevado a tomar "la difícil decisión de intentar llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas".

El proyecto de ley comenzaría su tramitación parlamentaria en la primera semana de junio. Tras una primera votación favorable, los parlamentarios podrían votar si quieren un segundo referéndum o no. Después, el proyecto de ley tendría que ser enmendado y aprobado. Y el referéndum vendría después.

El calendario, en todo caso, no queda muy claro, ya que no se sabe exactamente cuándo se celebraría la votación sobre si se quiere un referéndum o no y cuándo tendría lugar la propia consulta (y qué pregunta incluiría), un proceso que cuesta meses organizar. La fecha del 31 de octubre no está tan lejos como parece.

La oferta ha sido recibida con frialdad por el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien avanzó que no respaldará "una versión reempaquetada del mismo antiguo acuerdo". "Las últimas propuestas de la primera ministra son aún peores que antes", comentó el conservador Jacob Rees-Mogg.

"Por supuesto, votaré en contra de esta implementación confusa de un acuerdo fallido. Solo añade más incertidumbre. Esta es una situación verdaderamente horrible", sostuvo el también "tory" Steve Baker. También se ha pronunciado en contra Boris Johnson, firme candidato a suceder a May. El presidente del grupo parlamentario conservador, Graham Brady, ha avanzado que se reunirá con May tras la votación de junio para establecer el calendario para unas primarias.