El Defensor del Menor apoya el debate
sobre la cadena perpetua para pederastas

  • El portavoz del CGPJ ha sugerido abrir este debate.
  • También habla de cadena perpetua para los terroristas.
  • Se plantea conceptos como el de la "peligrosidad social".
Arturo Canalda es el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
Arturo Canalda es el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
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El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, afirmó hoy que al portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, "no le falta en absoluto razón" cuando sugiere que se debe reabrir el debate sobre la cadena perpetua y las medidas 'postdelictuales' para según qué delitos, porque en cuestiones como la pederastia y el terrorismo, a su juicio "no es descabellado".

"El cuerpo me pide reabrir el debate no sólo para los delitos de pederastia, sino con los delitos de terrorismo. López asegura que tendría cabida con la actual legislación pero habría que trabajarlo, porque seguro que habría bastante oposición en la sociedad contra medidas en este sentido", declaró Canalda, para quien hablar de cadena perpetua "requiere de un consenso y poner de acuerdo a muchísima gente".

El portavoz del CGPJ opinó esta tarde que "ha llegado el momento de empezar a plantearse" conceptos como el de la "peligrosidad social" que puedan conducir a la toma de medidas "postdelictuales" que ayuden a evitar reincidencias como la detectada en la presunta autoría de la muerte de la niña de cinco años Mari Luz Cortés en Huelva.

Para López es necesario "sin lugar a dudas" abrir también el debate sobre la cadena perpetua, que es "perfectamente constitucional". Para el Defensor del Menor, "lo que sea replantearse situaciones nuevas a nivel legislativo tiene todo el sentido, máxime cuando se trata de delitos tan graves" como el atentado contra la libertad sexual de los menores.

El pederasta "cumplida la pena, sale a la calle y no se pueden plantear medidas de seguimiento y control" de su actividad, explicó Canalda, para quien "no es descabellado" que se impongan este tipo de políticas, algo que "no existe y no cabe en nuestra legislación", pero que "no estaría de más" plantear como "ya están haciendo en Europa".

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