Este gestor, junto con su hija María B., ha reconocido ser autor de un delito continuado de apropiación indebida. Mientras, la otra procesada ha aceptado la pena de dos años de cárcel y una multa de 1.260 euros, y la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la pena en caso de insolvencia.
Aunque la responsabilidad penal ha quedado zanjada en la vista celebrada en la Audiencia, todavía no se ha tomado una decisión sobre la responsabilidad civil.
Así, las dos compañías aseguradoras con las que los acusados tenían pólizas suscritas están negociando un acuerdo con los afectados que, en todo caso, incluirá una quita o reducción de intereses para poder hacer efectivo el pago y que los perjudicados puedan recuperar algo de lo que han perdido.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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