Según han detallado a través de un comunicado el objetivo es elevar al consejero de Educación, Javier Imbroda, propuestas concretas para abordar el próximo Plan General de Actuación de la Inspección de Andalucía, que se deberá poner en marcha a inicio del mes deseptiembre, así como reclamar la ejecución de los acuerdos incluidosen la moción de inspección educativa del Parlamento de Andalucíaaprobada en diciembre de 2017.

Al respecto, han precisado que la misma se centra en la actualización del complemento específico, actualizar la normativa que regula la Inspección, reforzar las funciones de la Inspección educativa, favorecer la formación inicial y permanente de los inspectores de educación, desburocratizar el trabajo, recoger la participación de la Inspección en la formación inicial y permanente del profesorado, mejorar los medios y recursos, que no se supere el 15 por ciento de plazas desempeñadas por inspectores provisionales y que esté representado el colectivo de la Inspección en el Consejo Escolar de Andalucía.

Han criticado que actualmente la Inspección "no está atendida, fue olvidada por la anterior administración tanto en sus aportaciones de trabajo, como en su reconocimiento económico".

"Durante años las decisiones de importancia han orillado a la Inspección, quedando al margen en la planificación, escolarización, formación del profesorado, dotación de recursos e incluso en la evaluación de centros, programas, docentes y directivos", han apuntado en el comunicado.

Así, han insistido en que las propuestas dirigidas a la administración fueron "desatendidas", lo que, han precisado, crearon "frustración" tanto en los centros como en la propia Inspección. Además, han añadido que "los dictámenes sobre los aspectos evaluados por la Inspección no han trascendido".

JORNADAS

Por otro lado, han incidido en que en un sistema como el andaluz la comunidad educativa necesita una inspección educativa "solvente y exigente para mejorar la educación y hacerla más eficiente, capaz de obtener mejores resultados, más equitativa e inclusiva, una inspección capaz de dirigirse a los centros y a la propia administración con la independencia que da la lealtad a las leyes".

Para ello, a su juicio, el nuevo Plan General de Actuación, necesita incluir, entre otros, el profundizar en su funcionamiento democrático; avanzar en su independencia política; impulsar "ambiciosos" planes de formación y que la supervisión "no debe ejercerse solo sobre los centros, sino también sobre la propia administración educativa".

Por último, han señalado que aunque el 85 por ciento de los asistentes proceden de las ocho provincias andaluzas, también se han inscrito inspectores de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Madrid, Valencia, Extremadura, Asturias y Murcia.