El tribunal afirma que la concesión del permiso fue inadecuada. Añade que la sociedad (que sufraga el gasto público) debe asumir los daños derivados de los fracasos penitenciarios y no sólo quien lo sufre directamente.

Los jueces estiman que cada progenitor debe recibir la suma de 300.506,05 euros como indemnización.

Miriam, Toñi y Desireé  fueron violadas y asesinadas en 1992, en un caso que conmocionó a la opinión pública. La Audiencia considera que Anglés, que está desaparecido, cometió el crimen. El único condenado es Miguel Ricart.