En el escrito del Fiscal, facilitado a los medios, se indica que desde 2001 se han ido produciendo una serie de actos de vaciado patrimonial "injustificados", tales como la elaboración de facturas falsas; el arrendamiento de un chalet en Boadilla desde 2001, la formulación de un contrato de renta vitalicia en 2008, facturas por "servicios profesionales" en una época en la que los empleados de la farmacéutica llevaban sin cobrar cinco meses; contrato laboral a una persona para que se hiciese cargo de la dirección general de la compañía; y otra serie de operaciones de adquisición de una patente para la fabricación de Sulbactan.

Además, tres de los seis acusados simularon operaciones de venta de productos para falsear los resultados de cada ejercicio y así obtener financiación.

La Fiscalía entiende que "las salidas de dinero, carentes de justificación, la forma de financiación a corto plazo y la irregular administración de la compañía produjo una situación de endeudamiento con todas las entidades financieras por importe de 60 millones de euros".

Todo ello es constitutivo de un delito de falsedad de documento mercantil, de otro de falsedad de cuentas anuales y de un delito de insolvencia punible.

Por ello, cinco de los seis acusados -el presidente y consejero delegado, el secretario y un vocal de la compañía hasta 2008, el presidente y consejero delegado desde 2008, y el vocal y consejero delegado solidario desde la misma fecha-, se exponen a una petición de seis años de cárcel por ser "coautores materiales" de los tres delitos. Al sexto acusado, secretario y consejero delegado solidario desde 2008, se le piden cinco años de cárcel por ser considerado coautor material de los delitos de falsedad de cuentas anuales e insolvencia punible.

La Fiscalía pide además que todos ellos sean condenados al pago de forma conjunta y solidaria de indemnizaciones por un importe superior a los 6,45 millones de euros.