Presentan el Sindicato de Inquilinos de Mallorca para defender el derecho a una vivienda y alquiler "digno y asequible"

  • El sindicato de Inquilinos de Mallorca se ha presentado este viernes con el objetivo de defender el derecho a la vivienda y a un alquiler "asequible, estable, seguro y digno" y, entre otras cuestiones, han propuesto contratos de 12 y 6 años para viviendas de grandes y pequeños propietarios.
Presentan el sindicato de Llogaters de Mallorca
Presentan el sindicato de Llogaters de Mallorca
SINDICATO DE INQUILINOS DE MALLORCA
Presentan el sindicato de Llogaters de Mallorca

En su manifiesto, la entidad sostiene que nace como una iniciativa "independiente para combatir todos los abusos cotidianos legales e ilegales ejercidos por bancos, fondos buitres, administraciones públicas y muchos propietarios". Además, el sindicato dotará de asesorías a los afiliados para "enfrentar problemas" relativos a contratos, temporalidad, fianzas, obras o condiciones de habitibilidad.

Además, han censurado que el precio del alquiler ha subido un 40 por ciento en Mallorca que "contrasta con los bajos salarios medios de la población" y han asegurado que "la gente está siendo expulsada de sus casas, de sus barrios e incluso de sus islas". En este sentido, han señalado las reformas de la Ley de Alquiler Urbano (LAU), la "exención de impuestos a grandes propietarios" mediante Socimis o el "rescate a la banca" como "medidas imprescindibles para hinchar la burbuja".

Por todo ello, el sindicato ha advertido de que contemplan la posibilidad de convocar una "huelga de alquileres" para alcanzar "alquileres justos y dignos" para la ciudadanía.

ÍNDICE DE PRECIOS DEL ALQUILER Y DEROGACIÓN DEL 'DESAHUCIO EXPRÉS'

Desde el Sindicato de Inquilinos de Mallorca han difundido una tabla reivindicativa de 14 puntos con diversas propuestas,

como contratos de 12 y 6 años para las viviendas de grandes y pequeños propietarios; el establecimiento de un índice de precios del alquiler que tenga en cuenta la renta familiar; la imposición de un impuesto progresivo al alquiler; la obligatoriedad para la Administración Pública de "realojar" a las personas desahuciadas; o la derogación del 'desahucio exprés'; o la expropiación por parte de las Administraciones públicas de pisos vacíos en manos de entidades bancarias, entre otras cuestiones.

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