El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno regional, José Luis Soro, ha explicado que, con esta reforma, la contratación de los nuevos VTC se tendrá que realizar con una antelación mínima de 15 minutos y que estos vehículos tendrán que permanecer en sus bases de aparcamientos sin poder circular para recoger clientes en la vía pública y no podrán ser geolocalizados para contratarles. Los municipios podrán modificar algunas condiciones de prestación del servicio.

El diputado del PP, Javier Campoy, ha dicho que le gusta el taxi y que "esta ronda, si no la hacemos bien, la van a pagar ustedes -el Gobierno-, el sector y los ciudadanos", emplazando a "hacer las cosas bien".

Desde el PSOE, Fernando Sabés, ha justificado el Decreto Ley para evitar "los problemas que se han vivido en Madrid y Barcelona", destacando que el taxi y el VTC tradicional "han mantenido sus diferencias, pero siempre con respeto". Ha añadido que este decreto supone solamente "marcar unos límites".

El diputado de Podemos, Raúl Gay, ha afirmado que "la competencia que hay hoy es desleal, son multinacionales que no pagan impuestos en España, maltratan a sus trabajadores y precarizan el trabajo en Aragón".

Para la parlamentaria del PAR, Elena Allué hay que apoyar al sector del taxi "sin ambigüedades ni vacilaciones", destacando que más de 1.700 personas trabajan en el mismo.

En representación de Cs, Jesús Sansó ha vaticinado que "dentro de nada, la movilidad será completamente distinta de la actual" y que "los fabricantes ya no quieren vender no solo coches, quieren vender movilidad", cuya demanda aumenta "de forma exponencial".

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, ha aseverado que "este decretoes un acierto" y que pretende "evitar lo que no sucede en Aragón y no debería suceder en otros territorios españoles", advirtiendo de que el "desequilibrio" puede conllevar "un deterioro de los servicios".