En concreto, se ha referido a los resultados de una encuesta intrasectorial sobre el Marco Estratégico de los Puertos del Estado realizada a las autoridades portuarias españolas en los que se refleja una apuesta por la "privatización" de servicios como la "vigilancia, el control de emergencias o los Recursos Humanos", según ha explicado este miércoles en Vigo tras un encuentro con las candidatas al Congreso de En Común-Unidas Podemos Ángela Rodríguez 'Pam' y Yolanda Díaz.

Precisamente, Díaz ha acusado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de "hacer negocio con las administraciones públicas" y ha apostado por "paralizar" la privatización de las autoridades portuarias. En este sentido, Ángela Rodríguez ha asegurado que el "futuro" de Galicia depende de que no se privaticen los servicios y de que no se precarice el empleo.

Además, Diego González Domínguez ha criticado que los presidentes de las autoridades portuarias deleguen funciones en los directores y ha abogado por delimitar las funciones de ambos cargos con el objetivo de que "no se dupliquen".

DEMANDAS

Asimismo, ha defendido la necesidad de contar con personal cualificado y se ha mostrado preocupado por el hecho de que, de acuerdo con la encuesta referida, casi la mitad de los presidentes de las entidades portuarias españolas no se pronuncien a favor de la ocupación de este cargo por profesionales.

Díaz también ha señalado la importancia de eliminar las "puertas giratorias" para que estos cargos no sean ocupados por políticos y ha instado al presidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad olívica, Enrique López Veiga, nacido en 1947, a jubilarse, ya que ha considerado que no debe ocupar un puesto de "semejante importancia" con su edad.

Adicionalmente, Yolanda Díaz ha reivindicado la necesidad de una ampliación de la plantilla del Puerto de Vigo para "dar cobertura" a sus necesidades y ha resaltado que algunos de los trabajadores de esta entidad se encuentren en una situación de precariedad. También ha denunciado que su convenio colectivo esté "bloqueado" desde 2009, una situación que ha considerado que ya no es "defendible" debido al

crecimiento de la economía española.