El escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press establece que en los primeros meses de 2017, M.C.J. contrató a L.J.L. para que llevara a cabo las obras necesarias para implantar un sistema de riego en su finca de olivar. Lo

hizo careciendo de

proyecto de riego y sin contar con las preceptivas licencias urbanísticas así como los informes de patrimonio histórico necesarios que debía emitir la Consejería de Cultura.

La sección especializada en medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía de Jaén hace constar que dichas obras nunca habrían sido susceptibles de autorización ni legalización al ser contrarias a las normas subsidiarias de Mengíbar y a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía e "implicar remoción de tierras en una zona de alto valor arqueológico y romper las estructuras que soportan el yacimiento".

Las obras se extendieron sobre una superficie de unas 30 hectáreas y lo hicieron "de forma incontrolada" sobre un yacimiento de "gran valor al tratarse de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de la Alta Andalucía, conocidos desde finales del siglo XIX y cuyos materiales se exponen en la Real Academia de la Historia o el propio Museo Arqueológico Nacional".

El Ministerio Fiscal concluye que los daños producidos al yacimiento son "irreparables" puesto que "se destrozaron sillares, materiales cerámicos y la estratigrafía arqueológica". De esta forma, se afectó a la gran cisterna romana, afectando a su estructura, y también los restos de un templo romano y una plaza pública.

Todos los daños causados en este yacimiento ubicado en el paraje conocido como Cerro Maquiz, en Mengíbar, han sido valorados por el Ministerio Público en 942.817 euros, que ahora reclama de forma conjunta a los dos acusados.

En concreto, los cuatro años de cárcel se les reclama como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio en concurso ideal con un delito de daños en yacimiento arqueológico, además de una multa de 248.000 euros para cada uno de los acusados. También desde el Ministerio Fiscal se pide tres años de inhabilitación

especial para la profesión u oficio de promotor o constructor.

APROPIACIÓN INDEBIDA

No quedan aquí los delitos por los que deberá responder en el juicio el propietario de la finca, M.C.J. El escrito de calificación provisional de Fiscalía recuerda que el acusado y su familia eran propietarios por herencia de la colección de La Chica, un gran conjunto de piezas arquitectónicas y escultóricas de la época romana, que fueron adquiridas por la familia desde 1882.

La investigación de la Guardia Civil puso de manifiesto que entre los meses de abril a julio de 2017, el acusado "lejos de mantener el citado patrimonio de la colección de La Chica, se apoderó ilícitamente de 23 piezas del catálogo de la Junta de Andalucía que han sido valoradas en 82.800 euros".

Igualmente en la intervención en la vivienda del acusado y en el Cortijo Cerro Maquiz se intervinieron 35 piezas nuevas procedentes de la remoción de tierras y zanjas realizadas. Dichas piezas, según Fiscalía, no formaban parte de la citada colección y se almacenaban en estos lugares in dar aviso a la Consejería de Cultura dado el carácter demanial de los mismos. El Ministerio Público considera que dichas piezas deben ser decomisadas y "reintegradas a la Consejería de Cultura a los efectos de catalogarlos adecuadamente y conservarlos en beneficio de la riqueza arqueológica de la zona".

Por ello, la Fiscalía ha calificado esta parte de los hechos como un delito de apropiación indebida que atribuye a M.C.J., por el que le reclama otros cuatro años más de cárcel y multa de 6.000 euros. También se le pide que indemnice a la Consejería de Cultura en 82.800 euros por "el valor de las piezas de las que se ha apropiado".