Carriedo se ha referido así al anuncio del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León de que la próxima semana "destapará" un "escándalo" millonario del que se ha dado traslado a la Fiscalía en torno a la formación para desempleados por parte de la Junta y su departamento y de su petición para que no publique en los próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden sobre formación ocupacional a desempleados.

A este respecto, Carlos Fernández Carriedo, en el marco de una entrega de diplomas a alumnos de FP y Bachillerato del ámbito rural correspondientes al proyecto 'Se hace camino al emprender', ha asegurado que la respuesta a estas afirmaciones "es la ley".

En concreto, ha asegurado que todas las convocatorias en materia de formación están sujetas a los informes jurídicos, al cumplimiento de la ley nacional en materia de formación, "que es legislación básica", al cumplimiento de la ley de unidad del mercado, las directivas europeas y a los informes de defensa de la competencia.

A partir de ahí, ha señalado el consejero, "lógicamente" cualquier particular o entidad de las 1.200 que participan en la formación siempre pueden plantear algún recurso contencioso-administrativo como alguna vez ha ocurrido, pero ha afirmado que en todos los casos se ha dado la razón a la Administración.

Fernández Carriedo ha insistido en que hay un procedimiento para sacar las convocatorias y tienen sus informes jurídicos y leyes que cumplir, que además algunas tienen carácter nacional, y ha afirmado que en Castilla y León se ha "garantizado" el cumplimiento de la normativa no sólo nacional, sino también europea y la relativa a los informes de defensa de la competencia.