Hace seis meses el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó vía decreto una serie de medidas fiscales para abaratar el recibo de la luz. Una solución temporal que a finales de este mes de marzo expira y que según reconoció este lunes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Ejecutivo en funciones "no tiene capacidad de maniobra" para prorrogarla. A partir de abril, pues, en plena campaña electoral, la luz será un 4% más cara.

En octubre de 2018 el Gobierno aprobó, entre otras medidas, la suspensión de un impuesto del 7% que pagan las compañías por la generación eléctrica. Una medida temporal a la espera de una reforma profunda del sistema que, al menos en esta legislatura, no ha dado tiempo a desarrollar. Entonces se anunció que esta suspensión supondría a los consumidores un ahorro del 4% en la factura de la luz, porcentaje que se espera que rebote en la factura a partir de abril. En euros, hasta tres en el recibo medio cada mes.

Este lunes, la ministra confirmó en un acto organizado en el Real Instituto Elcano para presentar el informe Leyes Climáticas Comparadas que el Ejecutivo no tiene intención de renovar dicha suspensión del impuesto de la generación eléctrica en abril, una medida que forma parte del conjunto de medidas de la llamada fiscalidad verde que quedó en el aire con el rechazo en el Congreso del proyecto de ley de los Presupuestos de 2019.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante seis meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, durante seis meses, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado 'céntimo verde'.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra consideró que esta medida forma parte de "esa cesta" de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las "dos o tres cuestiones críticas" que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera indicó que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque ha señalado que "es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo".

Junto a esta reforma fiscal, afirmó que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, "en el que el almacenamiento va a ser crítico".