Este miércoles ha sido el día D para la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, tras varias semanas en las que el precio de la luz no ha dejado de subir.

Curiosamente, Ribera ha comparecido en el Congreso de los Diputados para contar las medidas que pretende aprobar el Gobierno para bajar el recibo eléctrico el mismo día en el que se marcó un nuevo máximo anual en el precio: 75,93 euros por megavatio/hora.

La medida estrella que ha llevado la ministra debajo del brazo en la comparecencia –enmarcada en la comisión de Transición Ecológica– ha consistido en la "suspensión" del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012, para "influir directamente y reducir" la factura de la luz de los contribuyentes. Su supresión es temporal, ya que en realidad se reduce a un tipo de "prácticamente cero" por si es necesario volverlo a subir.

Esta tasa entró en vigor en el año 2013 con el objetivo de recortar el déficit del sistema eléctrico, que llegó a superar los 30.000 millones de euros. Ribera destacó que la eliminación del impuesto supondrá "entre un 2,5 y un 4% menos en la factura de la luz de un consumidor doméstico".

Con una factura mensual que, de media, es de 80,73 euros –según recientes datos de la organización de consumidores Facua–, un consumidor notará una bajada de hasta 3 euros. Solo en el último mes, el precio del megavatio/hora (que incide en un 40% de la factura) ha subido más de 12 euros, comparándolo con agosto de 2017.

Otra de las medidas que se van a poner en marcha de manera "urgente" es la ampliación del actual bono social eléctrico con un nuevo bono para la calefacción, un problema que afecta cada invierno a millones de personas –4,6 en 2016–, incluidas personas mayores y familias monoparentales, como recordó la ministra.

Respecto al bono social actual, Ribera ha asegurado que "fortalecerán las cosas buenas" que tiene esta ayuda y "mejorarán" sus carencias, aunque no ha concretado ninguna medida pero apuntó que se encuentran "estudiando" las posibles vías de actuación. La titular de Transición Ecológica ha destacado que el Gobierno está trabajando en un plan de estrategia contra la pobreza energética  que presentará "en un plazo de seis meses" .

Más allá de las propuestas inmediatas que se formalizarán "en un próximo Consejo de Ministros", Ribera ha apuntado a una serie de "reformas estructurales" en el sistema energético. Por ejemplo, apostar por solventar las barreras existentes y "facilitar los contratos bilaterales" –los llamados PPA– para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.

"España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales", recalcó.

Medidas "poco ambiciosas"

Los demás portavoces de la comisión de Transición Ecológica han valorado positivamente, en líneas generales, el diagnóstico de la ministra sobre el actual sistema, pero ha habido algunas críticas por parte de los partidos de la oposición.

Mientras que el Partido Popular tachó estas  propuestas de "ocurrencias" y alabó que se retirara el impuesto de generación eléctrica que ellos también propusieron suprimir, el portavoz de En Comú-Podem en el Congreso Josep Vendrell denunció que las medidas eran  "poco ambiciosas" ante "una crisis de precios que es estructural, no coyuntural", ademas de recordar a algunos expolíticos que han desembarcado en empresas energéticas, lo que se conoce como "puertas giratorias".

Entre las medidas que propusieron otros partidos y actores sociales, destacaba la bajada del IVA eléctrico del 21%, algo que la ministra considera "ilógico para un consumidor vulnerable", pero ha reconocido que cambiar ese tipo requiere una tramitación especial, ya que el ingreso es comunitario.

El anuncio de las futuras medidas viene a traducir la denuncia de organismos como el Defenson del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que reiteró este miércoles en un comunicado "la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que está registrando el precio de la electricidad, uno de los más elevados de Europa". Fernández agregó que "es necesario que la regulación del sector eléctrico se marque el objetivo de lograr una energía más asequible y que por tanto, resulte más beneficiosa para los consumidores".