Alrededor de unos 40 aparcamiento privados pertenecientes a pequeños empresarios podrían cerrar ante la caída de sus ingresos como consecuencia de la entrada en vigor de Madrid Central el pasado 30 de noviembre. Lo ha denunciado a 20minutos la asociación Amega, que agrupa a distintos propietarios de garajes de Madrid y cuenta con casi 500 asociados.

El principal motivo por el que el centro perdería cuarenta aparcamientos es el alto coste que supone para estas pequeñas empresas, muchas de ellas familiares, hacer frente a la modernización tecnológica que es necesaria para que sus negocios aparezcan en tiempo real en las pantallas que instalará el Ayuntamiento en los principales puntos de acceso a Madrid Central que recogerán la información de las plazas disponibles en los distintos subterráneos.

"Nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Madrid y ya nos han dicho que no habrá ningún tipo de ayuda para poder implantar en nuestros aparcamientos el sistema de medición de la ocupación en tiempo real. Como no encontremos una solución tendremos que cerrar", explica el portavoz de Amega, Joaquín Puldáin, que asegura que el coste de poner los dispositivos necesarios para esta tecnología cuesta entre 200 y 300 euros por plaza de garaje.

"Existe la posibilidad de hacerlo de forma manual y es factible en un garaje de abonados, pero es imposible en un garaje de rotación donde hay más de 500 movimientos diarios", aclara.

Para Puldáin, con este sistema el Consistorio que encabeza Manuela Carmena está primando los intereses de los aparcamientos municipales y de los subterráneos gestionados por grandes empresas que sí pueden hacer frente a ese desembolso económico. "Hay un estrategia clara de desinformación por parte del Ayuntamiento que están utilizando para que la gente le tenga miedo a las rayas rojas. Con este sistema están redirigiendo el tráfico a los aparcamientos que lo pueden pagar porque si no apareces es como si no existieses", afirma el portavoz de Amega.

Puldáin se queja además de que los propietarios de los aparcamientos ya tuvieron que realizar hace poco un importante desembolso económico para adaptarse al sistema de lectura de matrículas. "Pagamos entre 10.000 y 20.000 euros, dependiendo del número de cámaras que hicieran falta", señala. Esta asociación calcula que la puesta en marcha de las restricciones al tráfico privado en el distrito Centro les están causando pérdidas que llegan a alcanzar el 20%: "Algunos días tenemos los aparcamientos medio vacíos. Hemos llegado al 30% de pérdidas".

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid para preguntarle sobre este asunto. Desde el Consistorio reconocen que no habrá ayudas económicas para que estos aparcamientos modernicen sus sistemas de medición de la ocupación y puedan facilitar su información en tiempo real en las futuras pantallas. "Los paneles son un método complementario para facilitar la información, pero no es obligatorio", indica una portavoz municipal, que recuerda que antes "las Áreas de Prioridad Residencial (APR) funcionaban sin ese sistema".

"El Ayuntamiento de Madrid da la opción de acceder al sistema, que ha costeado con dinero público, a todos los aparcamientos dados de alta, pero la decisión de sumarse o no es de cada aparcamiento, que debe aportar datos de ocupación al sistema con sus propios medios", sostienen desde Cibeles, que explican que a estos aparcamiento se les ofrecieron "métodos alternativos más económicos, como la instalación de espiras o elementos similares, que tienen la función de contador".

Las 17 pantallas informativas se colocarán a lo largo de todo el perímetro de Madrid Central y servirán a los conductores para saber si disponen en ese momento de plazas libre en los subterráneos del centro. El Consistorio ya informó de que no estarán operativas hasta el próximo mes de mayo.

Entrar sin permiso en el área de Madrid Central será sancionado desde este sábado (hasta ahora la medida estaba en la denominada fase informativa y no se multaba). Los paneles de la M-30 ya informan de esta situación que adelantó la portavoz municipal, Rita Maestre, a finales de febrero, aunque Maestre indicó inicialmente que sería el viernes cuando comenzasen las sanciones.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en el decreto conllevará una multa por infracción leve como las que se aplicaban en las antiguas APR. Por tanto, la sanción será de 90 euros, aplicando una reducción hasta los 45 euros si hay pronto pago.

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