El informe, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y presentado este jueves, recoge que la Comunitat registró en 2018 una subida del 20,9% en personas dependientes atendidas respecto al año anterior.

Paralelamente, el sistema valenciano de atención a la dependencia ha bajado el "limbo" o tasa de dependientes desatendidos al 12,6%, por debajo de la media nacional del 19,2%. En concreto, en 2018 la Comunitat ha alcanzado una tasa de cobertura de 14,86 atendidos por cada mil habitantes, con lo que se sitúa "a pesar del esfuerzo, aún en valores muy alejados de la media nacional (21,5).

Los responsables de servicios sociales destacan en el estudio que la Comunitat es una de las comunidades donde más ha continuado avanzando la atención a la dependencia, ya que "vuelve a registrar por tercer año consecutivo un muy meritorio incremento de las personas atendidas, elevando en un 71,96% la tasa de atenciónde 2015".

Este crecimiento se centra básicamente en las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar (Pecef), con un total de 8.589 personas en esta situación al cierre del año pasado. De hecho, suponen en la Comunitat el 54,3% de la cartera de servicios, una de las más alta de España. El informe recoge que esto "penaliza considerablemente" a la Comunitat Valenciana en la financiación que recibe del Estado por el nivel mínimo.

En materia de empleo, el sistema de dependencia genera en la Comunitat un total de 12.794 puestos de trabajo directos, con la creación en los tres últimos años de más de 4.000 nuevos puestos de trabajo. No obstante, su capacidad de generación de 25 empleos por millón "dista bastante" de la media nacional, de nuevo como consecuencia de la utilización de las Pecef y la ausencia deservicios de proximidad.

RECUPERÓ UN TERCIO DE LO INVERTIDO

En conjunto, el sistema valenciano de atención a la dependencia generó en el último ejercicio más de 165 millones de euros provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto público del 31,8% del total invertido.

El análisis estima que, de haberse aprobado el incremento de los 415 millones de euros del nivel mínimo de protección para los dependientes que preveían los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, la Comunitat recibiría 26,6 millones de euros para reforzar el sistema. Con ese dinero se podrían atender hasta 4.012 nuevos dependientes y generar 655 nuevos empleos entre los valencianos.

Solo el año pasado, según el dictamen, la Comunitat Valenciana dejó de percibir del Estado 31,5 millones de euros como consecuencia de los recortes contenidos en el Real Decreto Ley 20/2012. Desde ese año, el impacto de las medidas en la región ascienden a 214 millones.

CYL, C-LM Y LA RIOJA, A LA CABEZA

En el conjunto de España, Castilla y León, con un 9,3, y Castilla La Mancha, con un 8,2, y La Rioja (7,1) lideran esta clasificación, que se basa en 14 indicadores sobre la implantación y el desarrollo de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: beneficiarios, solicitudes, lista de espera o 'limbo', equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, incremento interanual de atendidos, transparencia, información a tiempo real o empleo generado, entre otros aspectos.

A las cuatro autonomías peor valoradas -Canarias, Cataluña, Baleares y Asturias- se suma la Comunitat (3,5 puntos), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (3,9), Navarra y Cantabria (ambas con 4,2 puntos) y Murcia (4,6). Aprueban con un 5 Extremadura y Aragón, mientras que Galicia obtiene un 5,3, País Vasco un 6 y las comunidades de Madrid y Andalucía logran un 6,7.

"Siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión", señalan los autores de este dictamen, para resaltar que Andalucía y Cataluña representan el 60% de la lista de "desatención" y además la comunidad catalana tiene a un tercio de las personas dependientes con el derecho reconocido sin prestaciones o servicios. Este último dato contrasta con Castilla y León, donde sólo el 1,6% de los dependientes se encuentra en este "limbo".