El Gobierno Vasco ha aprobado un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con la Asociación de Municipios Vascos-Eudel para detectar casos de vulnerabilidad y aplicar medidas sociales ante los desahucios.

A través de este acuerdo se pretende evitar que persona o familia alguna en situación de vulnerabilidad "se quede en la calle sin amparo", según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola.

Una de las novedades más destacadas del convenio pretende resolver la principal carencia apreciada en las medidas adoptadas hasta ahora para afrontar este problema: "la inexistencia de un canal eficaz y operativo de comunicación entre todos los agentes implicados", según ha explicado el Gobierno Vasco.

Arriola ha anunciado que esta carencia se resolverá con la creación de un registro informático que facilitará la comunicación entre instituciones y el estudio estadístico de las actuaciones realizadas, con el fin de que la gestión de los expedientes sea "ágil y eficiente", de forma que se puedan planificar las actuaciones sociales previstas en caso de necesidad.

El objetivo del convenio, que también implica a los departamentos de Trabajo y Justicia, y de Empleo y Asuntos Sociales, es intervenir preventivamente antes de que se produzca el desahucio.

Según el protocolo previsto, cuando el órgano judicial que conozca de un asunto estime que puede acabar en un desahucio y aprecie una situación de especial vulnerabilidad, facilitará a los afectados información relativa a los servicios y programas de asistencia social. Además, se trasladará el caso a los servicios sociales del ayuntamiento que corresponda, para que se examine la situación.

INTERVENCIONES

A partir de ese momento, si la familia afectada reúne los requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, se puede plantear una propuesta de intervención por parte de sus servicios sociales y dar traslado de ella a la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, o bien la tramitación de alguna ayuda o prestación social o la derivación a otro servicio social.

En 2013, se suscribió con el Consejo General del Poder Judicial y Eudel el primer convenio sobre esta materia. Ahora se pretende mejorar la detección de estas situaciones de vulnerabilidad en los juzgados y también la comunicación a los servicios sociales.

Los supuestos de especial vulnerabilidad incluyen a familias numerosas, unidades familiares monoparentales con hijos; unidades familiares con un hijo menor de edad o con personas discapacitadas, dependientes o enfermos permanentes, unidades familiares en las que el deudor estén en el paro, víctimas de la violencia de género; y personas mayores de 60 años.