Alcalde de Benalmádena reclama "seriedad" para valorar la recepción de urbanizaciones por parte del Ayuntamiento

  • El alcalde de Benalmádena (Málaga), Víctor Navas, ha hecho un llamamiento "a la rigurosidad y la seriedad" a la hora de plantear la posibilidad de que el Ayuntamiento recepcione todas las urbanizaciones.

En este punto, ha recordado que actualmente, de las más de 1.100 hectáreas de superficie del término municipal que ocupan las urbanizaciones, el mantenimiento de sólo el 17,59 por ciento corresponde al Ayuntamiento, y el 82,41 por ciento restante son responsabilidad de las entidades urbanísticas de conservación, "porcentajes que ya indican las dificultades e imposibilidad de asumir la recepción de todas las urbanizaciones".

"A la hora de adquirir su vivienda, los vecinos son conscientes de que la compran bajo el auspicio y mantenimiento de una entidad urbanística de conservación", ha recordado.

También el alcalde ha subrayado que, como Ayuntamiento, quieren ser "responsables" a la hora de aclarar de cara a la ciudadanía sus competencias de cara a los vecinos de las urbanizaciones, "lejos de anuncios electoralistas con tintes oportunistas".

En este sentido, Navas ha recordado que a las entidades urbanísticas de conservación le corresponden el mantenimiento de los viales y zonas comunes de las urbanizaciones, "mientras que el Ayuntamiento presta su colaboración en la limpieza y recogida de basura, el pago del suministro eléctrico, saneamiento y abastecimiento de agua, además de servicios puntuales, correspondiendo a la entidad el mantenimiento global".

Además de todo ello, ha continuado, desde el equipo de gobierno "estamos en permanente contacto con todas las entidades urbanísticas de conservación, colaborando en todo lo que nos resulta posible, dentro de nuestras obligaciones".

El primer edil ha querido poner en cifras el coste que supondría para las arcas municipales recepcionar todas las urbanizaciones: "Si el Ayuntamiento tuviera que asumir todas las obligaciones que detenta actualmente las entidades urbanísticas de conservación, la plantilla actual de Servicios Operativos tendría que incrementarse en unos 300 trabajadores más, lo que supondría un incremento global del presupuesto municipal de entorno el 20 por ciento".

También el alcalde ha recordado que la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria "impide aumentar la plantilla de trabajadores, y aún más un incremento de este calibre".

Otra dificultad añadida, ha dicho, para este proceso es que una condición para que el Ayuntamiento asumiese el mantenimiento de las urbanizaciones "es que tienen que encontrarse en perfecto estado todas sus infraestructuras para su recepción, algo que no sucede en la mayoría de los casos".

Por otra parte, para que la administración local diera ese paso, tendría que procederse a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "un trámite administrativo que puede dilatarse durante años".

"Estos son los motivos por los que otros ayuntamientos de la Costa del Sol que han anunciado estas medidas finalmente no las han llevado a la práctica", ha aclarado Navas.

Ramundo, por su parte, ha dicho que "debemos ser muy cuidadosos con la defensa de este tema, porque sería muy irresponsable trasladarles a estos vecinos falsas expectativas, debido a que el Ayuntamiento actualmente no tiene recursos para hacerse cargo del mantenimiento y conservación de urbanizaciones que hoy están siendo gestionadas por sus respectivas comunidades de propietarios o entidades urbanística de conservación".

Por esta razón, para el alcalde supone "un ejercicio de total irresponsabilidad política y cinismo oportunista que un candidato a la Alcaldía venda a la ciudadanía esta posibilidad, a sabiendas de estas dificultades, y negándose a la realización de los estudios económicos y logísticos previos y pertinentes, como pretendía hacer Juan Antonio Lara durante el último pleno".

Frente a esta posición, el alcalde ha explicado que desde el equipo de gobierno se apuesta por estudiar alternativas, "pero en la actualidad el techo de gasto a los ayuntamientos impuesto por el Gobierno nos imposibilita la recepción de todas las urbanizaciones".

"En cualquier caso, cualquier mesa que se establezca para debatir esta posibilidad debe contar con los informes técnicos pertinentes acerca de su viabilidad económica y logística", ha concluido Navas.

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