La Federación de Contratistas de Obra Pública (Fecoval) se ha mostrado este miércoles "profundamente preocupada" por la deriva de la administración autonómica en la valoración de las obras que licita, y ha citado como ejemplo el caso del Hospital de Ontinyent (Valencia), que la Conselleria de Sanidad sacó a licitación pública el pasado 7 de diciembre, una "obra estrella" de legislatura, con un precio de 26.275.913,73 euros (sin IVA), casi un 50 por ciento por debajo de mercado, y una sola empresa presentada que augura que no podrá ejecutarla o sufrirá graves pérdidas.

Según han informado los contratistas en un comunicado, el plazo para la presentación de ofertas finalizó el 23 de enero de este año, y un día después se abrieron las plicas, "con el resultado de una sola empresa presentada". "Ninguna otra empresa, ni valenciana ni nacional, acudió al concurso, algo que llama la atención dado que en situación normal, y ante la poca licitación pública existente en España y en la Comunitat Valenciana, debería haberse producido un aluvión de ofertas", ha considerado la federación.

Para Fecoval, la respuesta a esta falta de licitadores se obtiene "si se analizan los precios que la administración ha puesto a las unidades del contrato licitado, que están muy por debajo del precio de mercado" y que en concreto la entidad los sitúa cerca del 50% de baja.

"De hecho sorprende que la empresa presentada haya sido capaz de proponer una oferta, salvo que cometiera un error", ha opinado. En todo caso, Fecoval "sospecha" que la obra será "imposible de acometer por el precio ofertado o supondrá unas graves pérdidas para la empresa que la ejecute".

Para los contratistas, "resulta sorprendente que la administración autonómica, teórica veladora de la cosa común, y en particular el Gobierno valenciano que proclama gobernar para las personas, muestre tan poca sensibilidad con las empresas y las personas que trabajan en el sector de la obra pública, que suma 70.000 puestos de trabajos" en la autonomía y considere que estos trabajadores y sus familias "no merezcan la protección de sus empleos o recibir sueldos dignos por su trabajo".

Fecoval se ha mostrado "preocupada e indignada" al constatar que la administración "saca a licitación una obra con precios inferiores a los de mercado, haciéndose cómplice así de la precarización del empleo, contraviniendo incluso sus propias leyes" y apunta que el artículo 14.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que se refiere al precio, y que entró en vigor en abril de 2018 trasponiendo las directivas europeas, dice que los órganos de contratación "cuidarán de que el precio de los contratos sea el adecuado al mercado".

"Es evidente que una rebaja tan sustancial de los precios no se corresponde con una valoración adecuada al mercado y en cualquier país serio, si se constata este hecho, se emprenderían las acciones de revisión y corrección correspondientes de manera inmediata", recalca la entidad.

Para Fecoval, esta actuación solo puede tener "dos fundamentos":

que lo haga deliberadamente con la intención que el concurso quede desierto para adjudicarlo acto seguido de manera discrecional a su "supuesto" medio propio, la empresa Tragsa, actuación que ya realizó otra Conselleria recientemente y que se encuentra denunciada en los juzgados" o el "total desprecio de la administración respecto de una parte de sus administrados, los que trabajan en este sector y sus empresas, en un intento de precarizar más, si cabe, su medio de vida".

"ATROPELLOS"

En el primer caso, los contratistas creen que "sería muy preocupante si se convierte en una generalización del procedimiento pues desvirtuaría definitivamente el mercado de este sector" y ve "necesario que alguien con autoridad ponga orden de manera inmediata en este y otros atropellos que este sector viene sufriendo repetidamente".

A su juicio, "el orden es fácil de instaurar si verdaderamente hay voluntad, y bastaría con dos determinaciones largamente reclamadas por Fecoval". La entidad cree "urgente unificar los pliegos y los precios de los contratos en todas las Consellerias, para lo que ya dispone de la base de datos que edita el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)" y reclama "prohibir la adjudicación de los contratos a bajas temerarias, salvo causas especiales que ya vienen regladas en las directivas europeas".

Fecoval resume que en esta legislatura, de las obras de mayor importe, dos se han adjudicado sin concurso a un medio propio (Tragsa), -una por la Conselleria de Justicia (rehabilitación Tribunal Superior de Justicia) y otra por la de Agricultura (obras de la red de tuberías de distribución Postrasvase) y esta de Ontinyent, "licitada por debajo del precio del mercado en casi un 50%".