Un informe de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional apunta que el PP de Madrid que dirigía Esperanza Aguirre camufló, supuestamente, con facturas falsas al menos 1,7 millones de euros que se emplearon en costear la campaña electoral de 2011, superando así el límite previsto por la legislación.

El informe, de 128 páginas, ha sido enviado por la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Manuel García Castellón, que instruye la macrocausa denominada Púnica sobre corruptelas en la adjudicación de contratos públicos principalmente en la Comunidad de Madrid. Esta causa cuenta con una pieza separada que pone el foco en la financiación del PP en la región.

Según expone el documento, en las elecciones autonómicas de 2011 a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, el por entonces gerente y Administrador electoral del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner, "habría ocultado gastos electorales por importes muy notorios utilizando para ello empresas afines y conniventes, las cuales habrían enmascarado esos gastos electorales a través de diversos procedimientos".

Entre esas empresas, según la Cadena Ser, había una que llevaba por nombre Paquí Pallá SL. Otra era El Laboratorio de Almagro 36 S.L, la mercantil que habría hecho de intermediaria con los proveedores del PP de Madrid ocultando "la verdadera naturaleza electoral de los trabajos encargados y facturados sirviéndose para ello de una facturación anticipada y abonada meses antes de los comicios" en la que además, "se falsearon los conceptos consignados".

El informe señala que 334.281,27 euros habrían sido "enmascarados", a los que "hay que sumar la cifra de 1.250.000 euros que fueron contabilizados por Beltrán Gutiérrez en una partida específica de empleo de gastos para la campaña electoral" y que la Guardia Civil asocia a "fondos provenientes de la 'caja B'".

"No obstante lo anterior, se han obtenido numerosos indicios que apuntan a que el importe de los gastos electorales encubiertos superen con creces las cifras apuntadas y que, por tanto, la mayoría de los gastos abonados desde la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid, los cuales superan los dos millones de euros, se correspondan realmente con pagos de gastos electorales", dice la UCO.

Así, el PP habría consurrido a las elecciones "en unas condiciones de superioridad de gasto" así como "eludir los controles y fiscalización ejercida por los organismos encargados de la misma", porque se alteraba la fecha y el concepto de las facturas para alejarlas de "cualquier vínculo" con los comicios .

La UCO dice que teniendo sólo en cuenta las facturas de los proveedores subcontratados que no omitieron el carácter electoral de los encargos, el importe gastado por el PP de Madrid en aquella campaña sería de 289.675,44 euros, aunque hubo otros 118.000 abonados desde la cuenta del PP que se habrían utilizado para comprar espacios electorales, y no sólo.

"Toda la facturación emitida por El Laboratorio de Almagro y las empresas vinculadas con la misma cuyos importes aparecen consignados en la contabilidad paralela intervenida a Beltrán Gutiérrez sobre los comicios es seriamente cuestionada por los investigadores", dice el informe, que sitúa en 1.160.754,74 euros la facturación que "se pudiera corresponder realmente con el abono anticipado de gastos electorales del PP de Madrid".

No obstante, apunta también a Fundescam, fundación vinculada al PP madrileño, y dice que "vuelve a ser utilizada en el año 2011 para desviar fondos públicos otorgados a través de subvenciones de la Comunidad de Madrid" que se usaban "para sufragar gastos de funcionamiento del partido". "Esto último adquiere una especial relevancia teniendo en cuenta cómo muchos de los gastos electorales de los comicios autonómicos del año 2011 fueron abonados (...) utilizando dinero público desviado de subvenciones", explica el informe.

En esta línea, el informe apunta que gastos del partido como las "cenas de Navidad" o "actos de Nuevas Generaciones" pero especialmente "gastos relativos a encuestas e intención de voto" fueron abonados a través de facturas falsas emitidas por tres empresas a las que a su vez, el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados, incorporó al expediente de una subvención pública concedida a Fundescam. Fueron 109.827,32 euros.