Los pisos turísticos legales de la capital catalana tuvieron menos ingresos en 2018 que en 2017, a pesar de que el año pasado "se acabó con la oferta ilegal en la ciudad". Así lo ha asegurado este jueves Enrique Alcántara, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR), que ha apuntado que la facturación bajó un 2,9% "en un contexto" en el que se cerraron "casi todos" los irregulares. "Quedan menos de 100 pisos ilegales abiertos, según datos municipales", ha señalado, por lo que ha felicitado al Ayuntamiento por hacerlos desaparecer y ha dicho que si no lo hubiera hecho la caída podría haber llegado al 8%.

Si el fin de la oferta no regulada no ha beneficiado más a la legal, ha explicado Alcántara, es porque en 2018 bajaron los precios de esta última un 4,6% para hacer frente a una pérdida de demanda que ha atribuido a "la inestabilidad política, al atentado de agosto de 2017 en Barcelona, a problemas en el aeropuerto y a la turismofobia". Este descenso de las tarifas, ha dicho, hizo que el año pasado la tasa de ocupación fuera del 77,95% (con 10.932.300 pernoctaciones), superior a la del año anterior, del 76,61% (con 10.744.368 pernoctaciones), pero provocó que disminuyera la facturación.

Para 2019, sin embargo, según el presidente de APARTUR, las expectativas son "positivas", aunque hay "incertidumbres", por ejemplo, la que viene dada por el impacto que tendrá el Brexit. "El 12% de los turistas son británicos", ha apuntado Alcántara.

Por otro lado, aunque ha celebrado que la oferta de pisos irregulares es ya casi inexistente, ha denunciado que "crecen las habitaciones ilegales" que se alquilan en viviendas, que ha cifrado en más de 9.000. "No tiene por qué ser un problema ni pedimos su prohibición pero se deben regular y fiscalizar", ha dicho.

También ha afirmado que las viviendas de uso turístico legal de la provincia de Barcelona generaron nueve millones de euros en 2018 en concepto de tasa turística y ha reclamado al Ayuntamiento que el sector pueda participar activamente en la toma de decisiones sobre la destinación de estos ingresos.

"Los apartamentos turísticos pagan el doble de tasa que un hotel de cuatro estrellas y lo mismo que el mejor de cinco", ha afirmado, y ha propuesto que con las ganancias que esta genera se pueda "bonificar el IBI de los vecinos" que conviven con estos pisos en su bloque" o hacer mejoras en los edificios.

Asimismo, APARTUR ha reclamado tener "un papel más activo" en Turismo de Barcelona, "considerando que las viviendas de uso turístico legales representan el 33% de las camas disponibles en la ciudad".

Según los datos de la asociación, en la provincia de Barcelona hay 9.600 pisos turísticos regulados, el 1,16% del total de viviendas (825.000). En cada apartamento residen una media de 3,8 personas, que permanecen allí 4,2 días. Al año, 2,46 millones de turistas utilizan estos pisos, que tienen un impacto económico directo anual de 250 millones de euros, e indirecto, de 610 millones. Los 7.000 apartamentos de APARTUR generan 4.707 puestos de trabajo.

Preguntado por la repercusión que tendrá que Uber y Cabify abandonen la ciudad, Alcántara ha dicho que "el turista que llega al aeropuerto de Barcelona también tiene taxis a su disposición, que están organizados".