En el marco de la operación 'Dico' se han detenido a F.J.M.B, de 60 años; M.A.M.B, de 54; C.E.A, de 54; P.L.M, de 51; M.C.V, de 52, y M.L.M.M, de 57, todos sin antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de fraude a la seguridad social, falsedad documental y estafa.

La investigación se inició en el mes de septiembre del pasado año al detectarse un entramado de empresas dedicadas al sector de hostelería, que operan desde el año 2013 en Valladolid y cuyo objetivo era, según ha informado la Policía a través de un comunicado remitido a Europa Press, eludir los pagos de seguros sociales, cuotas de autónomos, obligaciones tributarias y beneficiarse de subvenciones públicas y privadas (mutualidades) de forma fraudulenta y mediante engaño, utilizando la falsedad documental.

Este grupo creaba empresas, en concreto establecimientos de hostelería, con el objetivo de defraudar e incumplir las obligaciones y pagos con diferentes organismos públicos y así obtener los máximos beneficios económicos, según las mismas fuentes.

Los trabajadores de estas empresas eran contratados y dados de alta en la Seguridad Social sin abonar las correspondientes cuotas mensuales a Tesorería General de la Seguridad Social. Los impagos generaron una elevada deuda con la Tesorería, provocando los correspondientes requerimientos de pago.

Inmediatamente, los responsables procedían la disolución de estas empresas para posteriormente crear una nueva empresa "limpia", sin deuda pendiente. De esta manera, afirman los investigadores, trataban de eludir su responsabilidad bajo una sociedad con distinta denominación que la anterior.

CERTIFICADOS

Cuando era necesario, emitían certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y continuar con la actividad empresarial que les genera beneficios libres de gasto. Las empresas investigadas formaban una red de cinco sociedades limitadas, las cuales eran dirijidas por F.J.M.B. y su hermano M.A.M.B.

Al margen del impago de las cuotas, comenzaron a contratarse ellos mismos en las empresas que administraban, el objeto de esos contratos ficticios era el cobro de subvenciones del SEPE en el momento de quedar desempleados.

También finjieron incapacidades temporales cuando figuraban como meros empleados, para así estafar a las compañías aseguradoras correspondientes quienes asumían parte del pago del salario del empleado durante el tiempo que durase su incapacidad, o íntegramente en el caso de ser despedido, que era lo más habitual.

El total del fraude a la seguridad social, más la estafa a mutualidades y SEPE asciende a 232.067,24 euros. Los dos hermanos contrataron a un asesoría que se encargaba de la parte administrativa que efectuaba las altas ficticias de trabajadores, detectándose también el alta fraudulenta de dos personas en las empresas investigadas.

Las falsas empleadas consiguieron periodos de cotización necesarios para la solicitud de subsidios a los que en caso contrario no tendrían derecho. La investigación culminó con la detención de los seis implicados en este entramado de empresas.

La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Inspección de Trabajo.