Según ha informado la patronal en un comunicado, Faconauto ha mostrado su preocupación porque, de aprobarse esta norma, "pondrá en serio peligro el sector de la distribución y reparación de vehículos en las islas, ya que los clientes dejarán de adquirir los modelos de combustión, que actualmente son el 99 por ciento de las matriculaciones".

La patronal ha advertido, además, que la futura norma es "irresponsable en los plazos, no responde a las necesidades de los conductores ni a esta realidad de mercado, en la que los nuevos vehículos diésel y de gasolina seguirán siendo en los próximos años una opción muy válida en múltiples situaciones".

Desde el punto de vista legal, el proyecto de Ley balear invadiría competencias estatales y de la UE, en concreto, la normativa de homologación de vehículos de la UE. La marca CE es como un "pasaporte" para el comercio de un producto dentro de los países de la Unión Europea.

Por ello, una vez homologado el producto, ni siquiera los Estados miembros pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio de un producto con marcado CE, lo que iría también contra irrenunciable como es la unidad de mercado.

Faconauto considera que el modo más eficaz para asegurar a corto y medio plazo una movilidad sostenible en Baleares es propiciar la retirada de la circulación los vehículos con más de diez años, más contaminantes e inseguros.

Finalmente, la patronal ha advertido que la implantación masiva de los vehículos eléctricos recogida por el anteproyecto balear será imposible si desde el Govern se incentiva su adquisición mediante un plan continuado en el tiempo y bien dotado presupuestariamente y que debe facilitar la extensión también de los puntos de recarga.