Viviendas gicaman guadalajara desalojo
Viviendas gicaman guadalajara desalojo EUROPA PRESS - Archivo

En estas mismas fechas del año 2018 se decidía cerrar este bloque de viviendas públicas, una decisión del Gobierno regional junto a la de realojar a estas familias en hostales y pensiones en espera de ver que determinaba la inspección.

La alarma había saltado en diciembre de 2017 con la aparición de grietas en paredes y techos, caída de azulejos, ruidos en la estructura y malos olores, pero la expropiación forzosa llegó en enero de 2018 y, finalmente, el 11 de enero de hace un año se decidió el desalojo forzoso para llevar a cabo una obra de envergadura que está en proceso de ejecución mientras se realojaba a estos vecinos en pisos y, a quien lo prefirió, se le facilitó una ayuda económica para el alquiler.

La mayor parte de ellos están deseando volver a sus viviendas, se preguntan cuándo podrán hacerlo y tal y como ha reconocido a Europa Press el presidente de Gicaman, Javier Barrado, se ha detectado "cierta intranquilidad, lógica, que asumimos y pedimos paciencia por las molestias".

Según Barrado, la mala estabilización del terreno es lo que ha dado lugar a los "pequeños movimientos del subsuelo que ocasionaron grietas fuera de la común" pero ha asegurado que no ha habido peligro de derrumbe de la estructura.

No obstante, ha reconocido que, si no se llega a intervenir para acometer los trabajos que se están afrontando, pese a que "según los arquitectos, había una probabilidad casi inexistente de derrumbe", no podría asegurar "qué hubiera pasado en un futuro".

LOS VECINOS, CON "GANAS" DE VOLVER

Carmen vive ahora en un piso cedido en el barrio de Los Manantiales y tiene "muchas ganas" de que las obras terminen y volver a la casa en la que estaba en alquiler desde hacía 11 años. "He escuchado a algún vecino que en marzo, pero aquí estoy muy bien, la casa es mucho mejor que la otra", ha afirmado a Europa Press.

"Quiero volver a mi casa, llevaba once años", ha apuntado, reconociendo que esta voluntad se debe sobre todo al colegio de sus dos hijos, que está más cerca de Laguna de la Colmada que del barrio en el que está ahora.

Lo cierto es que mientras se acometen los trabajos hay familias, como la de la hermana de Lorena, que se encuentra en otra vivienda con su hija. Según Lorena, su hermana también está "deseando volver a La Colmada" porque no le gusta el barrio en el que está, pero tiene serias dudas de que pueda ser para la fecha que se baraja.

En su caso, Lorena dice que el piso en el que está su hermana con su sobrina tiene "humedades" y otros problema que han tenido que afrontar ellas mismas.

Otro de los vecinos, que prefiere mantenerse en el anonimato, cree que tal y como van las obras se las puedan entregar de aquí al verano, pero en su caso no tiene prisa porque el barrio en el que está ahora le gusta y también el piso, "que es el doble de grande", y reconoce que en su caso sigue pagando el alquiler que pagaba a Gicaman por la vivienda de la calle Colmada. "El resto lo pagan ellos, hay que reconocerlo", afirma.

De su lado, Raúl optó por otra solución; cuando dejo su piso en La Colmada se acogió a la ayuda que le facilitó la Junta y vive con una familia.

LOS VECINOS ESTÁN TENIENDO "PACIENCIA"

En general, según Barrado, la mayoría de los inquilinos están teniendo paciencia. Desde Gicaman ya han emprendido acciones para demandar a la empresa que ejecutó la obra y que se haga cargo también del coste que está suponiendo para la Junta el hacer frente a los alquileres de los vecinos realojados o las ayudas concedidas porque "son los responsables de esta mala ejecución".

En este sentido, han realizado algunas reuniones y Barrado reconoce que se ha percibido "cierta intranquilidad". "Es lógico que se asustaran algo y les pedimos paciencia y comprensión".

Los inquilinos se preguntan si la rehabilitación es la adecuada, pero "son quejas normales que asumimos", ha apostillado Barrado, tras manifestar que, en general, están "medianamente tranquilos" y que "a alguno le va a crear un disgusto el tener que volver".

Cuando regresen, los que estén al corriente de pago podrán hacerlo en las mismas condiciones que tenían, ha precisado el presidente de Gicaman, tras aclarar también que, en el caso de quien no haya ido pagando en este tiempo, su vivienda será adjudicada conforme a los requisitos que hay fijados para ello.

Los alquileres sociales de estos pisos van desde los 80 euros para los apartamentos más pequeños hasta unos 140 para los más grandes.

Por lo que respecta al bloque de Laguna de Taravilla, edificio de similares características en el que también aparecieron algunas grietas, desde Gicaman se procedió a actuar en primer lugar en él para evitar daños mayores y tener que desalojar las viviendas.