La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de Cs, PSOE, CSSP y la edil no adscrita, Helena Abda, la abstención de Nozal y el voto en contra del Partido Popular, según ha informado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa.

El conocido como 'Plan Qualifica' de la Costa del Sol nació con el origen de modernizar las infraestructuras para mejorar este destino turístico donde participaban ocho ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, entre otros, cada uno de ellos con un porcentaje concreto para su financiación.

En 2016 venció el periodo de carencia de los 25 millones de euros aportados por Unicaja para este fin a modo de préstamo y ahora la entidad solicita la devolución del dinero, cuya responsabilidad, a causa de esa adenda, se pretende que recaiga ahora en los consistorios.

"Nosotros en ese Consorcio solo tenemos el tres por ciento. No nos negamos a cumplir con nuestras obligaciones de pago pero siempre dentro de ese porcentaje. Nos piden los cuatro millones de euros invertidos en Mijas, cantidad que no nos corresponde abonar pues son el resto de administraciones quienes tienen que aportar su parte y cumplir con lo acordado", ha señalado el edil de Infraestructuras, José Carlos Martín (Cs).

En este sentido h añadido que "es injusto para los mijeños tener que hacer frente a ese montante cuando lo que debemos saldar asciende a 750.000 euros".

Así pues, la propuesta se basa en tres pilares "fundamentales". Por una parte podría resultar esa adenda nula de pleno derecho al haber sido dictada por un órgano "manifiestamente incompetente", es decir, fue firmada por Nozal cuando realmente tenía que haber sido elevada al pleno corporativo.

En segundo lugar, carece del procedimiento legalmente establecido y, finalmente, al haberse dictado por un órgano sin competencias para ello y prescindiendo de trámites esenciales se ha omitido la fiscalización previa del expediente.

"Tenemos que velar por el dinero público de todos los vecinos. Cuando ejecutamos la obra ni tan siquiera pudimos hacer el más mínimo cambio porque no éramos los responsables de la contratación. La falta de previsión del anterior gobierno hizo que se proyectara sin aparcamiento subterráneo y todo eso hemos tenido que aceptarlo por ley. Ahora no podemos pagar algo que no nos corresponde porque sería un atropello para los mijeños, ha añadido Martín.

Asimismo, el edil de Hacienda, Roy Pérez (PSOE) ha señalado que "no entendemos cómo el PP vota en contra de esta revisión y por ende contra los intereses de todos los mijeños. Este es sin duda un paso necesario para que nuestro municipio pague lo que le corresponde y ni un céntimo más por su participación del tres por ciento a este Consorcio".

La propuesta de pleno recoge en uno de sus puntos esa suspensión del acto administrativo impugnado debido a que podría causar prejuicios de imposible o difícil reparación como son el menoscabo que puede sufrir con ocasión de la ejecución la hacienda municipal.