El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, anunció al Pleno su disposición a activar esta suspensión provisional a partir del mes de enero y mientras se tramita la realización del nuevo catálogo de inmuebles protegidos en el marco del proceso en curso de elaboración del futuro Plan General de Ordenación de la capital tinerfeña.
Tarife, que cifró el volumen de inmuebles afectados por la inminente suspensión en más de medio millar, explicó al pleno que esta medida cautelar es plenamente legal y atiende a la capacidad potestativa del Ayuntamiento de proceder a la suspensión por plazo de un año, en tanto se revisa y elabora un nuevo catálogo.
Además, el responsable de la Gerencia de Urbanismo adelantó que en este proceso el Ayuntamiento abrirá un espacio de diálogo constante con el área de Patrimonio Histórico de la corporación insular y atenderá con interés las indicaciones que al respecto evacúe el recién creado Consejo Municipal de Patrimonio de Santa Cruz.
Tarife comentó a su vez que el Ayuntamiento, mientras tanto, formulará el debido recurso contra la sentencia judicial recientemente emitida por la Audiencia Provincial respecto a la interpretación correcta del artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que faculta a las corporaciones insulares a paralizar licencias concedidas por los ayuntamientos de acuerdo a la legalidad del planeamiento urbanístico en vigor.
El concejal consideró ante el Pleno que es relevante no sólo para Santa Cruz sino para el conjunto de los municipios canarios conocer con precisión cómo y en qué condiciones técnicas y de fundamentación pueden activar los cabildos esta prerrogativa que permite suspender una licencia legalmente concedida.
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