"Este Decreto tiene como objetivo regular los usos institucionales y administrativos de la lengua catalana y de la castellana para responder a los principios de fomento y normalización del uso de la lengua catalana que se desprenden en el mandado estatutario", ha explicado en rueda de prensa.

Asimismo, este texto también busca garantizar el derecho de los ciudadanos a escoger cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad en su relación con la Administración y, en general, los derechos lingüísticos sea cual sea la lengua oficial elegida.

Además, se incorporan novedades en relación a la implantación de la administración electrónica y el desarrollo de las comunicaciones mediante Internet y las redes sociales.

También se prevé la Comisión Interdepartamental de Política Lingüística, que originariamente se había creado a través de un decreto en 1995, que tiene el objetivo de velar por la aplicación de este Decreto y por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.