El presidente de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Tóffoli, anuló este miércoles la decisión cautelar que había dictado un juez de ese tribunal contra la prisión después de condena en segunda instancia, que podría haber llevado a excarcelar al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Dias Tóffoli se pronunció en ese sentido en respuesta a una apelación presentada por la Fiscalía General, que se posicionó en contra de una medida que, en opinión de su titular, Raquel Dodge, podría causar "una grave lesión al orden y la seguridad".

La cautelar había sido dictada este mismo miércoles por el juez Marco Aurelio Mello y se apoyaba en un artículo de la Constitución que dice que una pena solo puede ser ejecutada cuando se agota toda la fase de apelaciones y no una vez que la sentencia se confirma en segunda instancia, que es el caso de Lula y de otras 169.300 personas que están en la cárcel.

Amparado por esa cautelar, el Partido de los Trabajadores (PT) llegó a solicitar formalmente la excarcelación de su máximo líder, en prisión desde abril pasado tras haber sido condenado a doce años por corrupción por una corte de segunda instancia.

Sin embargo, la jueza responsable del caso decidió pedir una opinión a la Fiscalía General, que la dio de hecho al apelar a la cautelar ante el presidente del Supremo, único juez en actividad del tribunal desde el mediodía de este miércoles, cuando el Poder Judicial entró en receso hasta febrero del año próximo.

La cautelar dictada por Mello fue objeto de críticas en casi todo el medio jurídico, pues si bien se apoya en la Constitución, no tomó en cuenta una decisión adoptada en 2016 por el propio Supremo, que fue ratificada este mismo año y permite que una pena comience a ser ejecutada tras la condena en segunda instancia, aún cuando resten apelaciones.

En la sentencia en que anuló esa medida, Dias Tóffoli recordó que la Corte Suprema se propone discutir ese asunto nuevamente, en una sesión que está prevista para el próximo 10 de abril.

La cautelar fue dictada a petición del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema iniciaba el mencionado receso. Entre sus argumentos para aceptar la cautelar, Mello indicó que "la ejecución provisional de la pena produce como efecto colateral el agravamiento de la selectividad en el sistema penitenciario", que se caracteriza por el elevado grado de hacinamiento.

El expresidente brasileño intentó hasta el último momento ser el candidato del Partido de los Trabajadores. Un mes antes de las elecciones brasileñas que ganó Bolsonaro, Lula, encarcelado desde abril, decidió renunciar al ver que no pudo revertir su situación judicial.

Según cálculos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), un órgano consultivo del Poder Judicial, unas 169.300 personas están en la cárcel en Brasil con condenas dictadas sólo en segunda instancia, una cifra que equivale al 23,9% de la población carcelaria.