En concreto, el fiscal pide siete años y medio de prisión para el funcionario como responsable de autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Para los otros tres acusados solicita el fiscal, en concepto de autores por cooperación necesaria, cuatro años de prisión.

Los hechos se remontan al año 2010, cuando el Gobierno asturiano publicó el convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Pola de Siero para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan 'Asturias', de fomento del empleo y mejora de las infraestructuras locales, en el que se establecía el fomento de obras de desarrollo financiadas, en su mayor parte con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma, siendo gestionados por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por ser la misma la que tenía asignadas las competencias en materia de cooperación y régimen local.

En ejecución de tal convenio, la oficina técnica de ingeniería del Ayuntamiento de Pola de Siero presentó, a instancias de la Alcaldía, una memoria con un resumen de presupuesto para la construcción del Parque Periurbano de Bergueres (Pola de Siero), ascendiendo el presupuesto de las obras, conforme proyecto, a 774.686,15 euros.

El 28 de mayo de 2010, según el relato de fiscal, la jefa del Servicio de Recurso Naturales y el director general de la Dirección General de la Biodiversidad firmaron la propuesta de contratación. Se designó como director de obra al funcionario acusado.

Tras el correspondiente procedimiento de contratación, la obra fue adjudicada a una unión temporal de empresas (UTE) el 16 de diciembre de 2010.

Iniciada la ejecución del contrato, se hizo necesario redactar un primer modificado al proyecto, que fue elaborado por el acusado el 7 de febrero de 2011 y que no suponía sobrecoste alguno.

El funcionario del Principado, a través de la capacidad que tenía para obligar a la Administración a través de los certificados de obra, emitió dos certificaciones, de fechas 30 de diciembre de 2010 y 22 de junio de 2011, por importe, respectivamente, de 276.562,95 euros y 54.267,34 euros, que fueron abonadas por la Administración a la UTE adjudicataria y que no se correspondían con las obras realmente ejecutadas, puesto que lo que se había llevado a cabo conforme al proyecto ascendía a 181.497,35 euros.

La suma de la obra efectuada (181.497,35 euros) y el importe de la obra pendiente de ejecución (403.174,82 euros) supone un incremento de 31.546,26 euros (5,7%) sobre el precio de adjudicación de las obras (553.125,91 euros) debido al incremento resultante en algunas unidades de obra de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 7 del presupuesto, por lo que se puede valorar el daño producido a la Administración por el incremento habido en el tipo del IVA, que pasó del 18% al 21%, en la cantidad de 10.250,21 euros.

El resto de los acusados son el jefe de obras de una de las empresas, el representante legal de otra y el de la propia UTE. Según el fiscal, efectuaron mediciones y los presupuestos que sirvieron de soporte a las certificaciones elaboradas por el funcionario, habiendo obtenido las empresas a las que representan beneficios por importe de 149.332,94 euros, por obras que no llevaron a cabo.