Por abandonar su piso le ofrecen 34.000 euros, «a lo tomas o lo dejas», escribe. Ha dicho «no» rotundamente y presentado alegaciones contra la oferta económica de Cabanyal 2010. Esta empresa pertenece al Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y a 11 promotoras privadas. Se supone que debe ejecutar el cuestionado plan urbanístico, al que se opone, desde hace diez años, la plataforma Salvem el Cabanyal.

El punto de discordia es la prolongación de la avenida de Vicente Blasco Ibáñez hasta la playa que pretende el Ayuntamiento, contra quienes prefieren que se quede como está el histórico barrio, declarado en parte Bien de Interés Cultural (BIC), en 1993. Si tuviera que desprenderse de su casa «por un apuro», Emilio Sancianes lo haría, pero vendiendo a 1.800 euros el metro cuadrado, seis veces por encima de la oferta municipal. Como corolario de su denuncia, califica de «un robo encubierto» lo que le propone Cabanyal 2010.

En la Concejalía de Economía y Grandes Proyectos, que gestiona el concejal Alfonso Grau, creen que los vecinos en contra de las expropiaciones «tienen las de perder». La asesora Arantxa Martín recuerda que el Partido Popular -que gobierna el Ayuntamiento- «obtuvo la mayoría de los votos en el barrio del Cabanyal en las elecciones de mayo de 2007». Interpreta, pues, que el proyecto está avalado «y se llevará a cabo», remacha convencida.

Algo parecido contestan desde la empresa Cabanyal 2010. Desde una y otra entidad se silencian, no obstante, aspectos jurídicos determinantes que pueden darle un vuelco a la situación a favor de la posición vecinal.

El presidente de Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, aconseja esperar a la sentencia del Tribunal Supremo -donde ha llegado el conflicto vecinal contra el Ayuntamiento- porque «es muy probable que dé la razón a los vecinos dentro de un mes», presagia.

El edil socialista Vicente González Móstoles aporta una clave más para que se declaren nulas las actuaciones del plan urbanístico. Indica que la Unión Europea ha pedido por escrito al Ayuntamiento y a la Generalitat el cese de actividad de Cabanyal 2010, tras demostrarse que la empresa, medio pública, medio privada, ha vulnerado dos normativas comunitarias sobre libre concurrencia y publicidad. Este asunto se debatirá en el próximo pleno municipal del 29 de febrero.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA:

Concejalía de Grandes Proyectos: suspenso

Cabanyal 2010: suspenso

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