Dentista, niño
El programa deberá ser financiado el próximo año. PIXABAY

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la Ley de Salud Bucodental, una iniciativa impulsada por el PSOE que garantiza el derecho a la asistencia gratuita para niños y adolescentes de entre 7 y 16 años. A través de un plan específico –el Programa de Atención Dental Infantil (PADI)–, la Comunidad ampliará el catálogo de prestaciones al que los madrileños de esa edad podrán acceder sin coste.

Además de en los centros públicos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), la normativa abre la puerta a que, con el objetivo de garantizar esta universalización, las clínicas privadas puedan formar parte del cuadro médico mediante la vía del concierto. Esta cláusula está detrás de la abstención de Podemos en la votación final del texto, que ha salido adelante con el apoyo de los 101 diputados socialistas, de PP y Cs. La norma, que aborda otros aspectos, entrará en vigor en enero. Entonces, deberá desarrollarse el PADI para ponerlo en marcha en 2020. Potencialmente, llegará a más de 617.000 beneficiarios en diez años.

¿Qué se incluía hasta ahora?

En la región hay casi un centenar de unidades de Salud Bucodental que garantizan al menos una revisión gratuita cada doce meses hasta los 16 años. Esto comprende medidas básicas como suministro de flúor para casos con riesgo de caries, aplicación de sellado y, si así lo determina el especialista, obturación en algunas piezas. Igualmente, existe un convenio con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos para ofrecer prestaciones complejas.

¿Cuáles son las novedades?

La aprobación de la ley convierte a la Comunidad en la novena del país con este tipo de normativa especifica y eleva a categoría de derecho el acceso a la salud bucodental. Según informa a 20minutos el impulsor de la medida, el diputado socialista José Manuel Freire, se incluirá en este nuevo catálogo "todo lo necesario"para garantizarla en los niños y jóvenes, a los que se les realizará un seguimiento permanente. Esto, en el texto, se traduce en que se las revisiones anuales "obligatorias" incluirán posibles exploraciones radiológicas, extracciones, tratamientos para la sensibilidad y el dolor, sellados de fosas y fisuras u obturaciones en todas las piezas que puedan estar afectadas. También, las urgencias, "cuantas veces se necesite", y "las ortodoncias de tipo médico", según el parlamentario.

¿Qué queda fuera?

Los madrileños deberán seguir financiando de su bolsillo el resto de ortodoncias, como las intervenciones que tengan "una finalidad exclusivamente estética". Del mismo modo, quedan fuera de la cobertura pública las extracciones de piezas sanas y los implantes (excepto para casos en los que concurran malformaciones o procesos oncológicos). Tampoco se podrán reclamar "pruebas complementarias" para "fines distintos" a los subvencionados.

¿Cuándo estará en marcha?

Aunque la norma entrará en vigor en unos días, lo cierto es que la creación de este programa se podrá demorar hasta enero de 2020. Antes del próximo septiembre –y pasadas las elecciones autonómicas, tras las que se deberá ratificar el compromiso con este texto–, el Gobierno empezará los trámites. Los socialistas abogan por ir "paso a paso" y defienden el modelo vasco, que incluye la realización de una macroencuesta de partida. "Allí llevan 20 años con este programa y tienen uno de los mejores niveles de salud bucodental del mundo. Están logrando erradicar la caries", afirma Freire.

¿Cómo se implantará?

El programa se aplicará "de forma incremental". Año a año, se sumarán a él los menores que cumplan 7 años y se mantendrán dentro del plan hasta los 17, si bien la ley contempla una prórroga hasta los 18. No se alcanzará su máxima extensión, por tanto, hasta una década después de su entrada en vigor.

¿En qué centros?

Los padres, tutores o responsables de los menores incluidos en el programa podrán elegir libremente a su especialista de cabecera entre "cualquiera de los profesionales" tanto del Sermas como de las clínicas privadas con las que se establezca un concierto. Efectivamente, la norma regula la figura del "dentista personal" de cada niño como el "responsable del seguimiento de la atención dental". Además, crea una Oficina Dental Comunitaria a modo de gran gestor y un Consejo Asesor Dental consultivo. El texto pretende evitar escándalos recientes e incorpora un régimen de multas ante incumplimientos del servicio

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