Del total de lanzamientos, 327, un 1,5 por ciento menos-7.518, en España, un 7,9 más-fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 133, un 0,7 por ciento menos-3.404 en el conjunto del territorio, con un 29,5 por ciento más-se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 38 restantes, 625 en España, obedecieron a otras causas.

Por su parte, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas ha sido de 258, lo que supone todavía un mayor descenso, del 8,2 por ciento, mientras que en el conjunto de España se iniciaron 6.315, un 14,4 por ciento más respecto al mismo trimestre del año pasado.

Estos y otros datos figuran en el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

Por territorios, Cataluña (con 2.531, el 21,9 por ciento del total nacional) ha vuelto a ser la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el tercer trimestre de 2018, seguida por Andalucía (con 1.894), la Comunidad Valenciana (con 1.575) y Madrid (con 1.238), mientras que Castilla y León se sitúa en octava posición.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2018 fue de 448 en Castilla y León, un 1,1 por ciento menos, mientras que en España se elevaron a 13.446, un 4,7 por ciento más que en el mismo trimestre de 2017.

LOS MONITORIOS AUMENTAN UN 11,9 POR CIENTO

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre de 2018 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en Castilla y León fueron 5.605 (111.544 en España), lo que supone un incremento interanual del 11,9 por ciento, por encima del 9,6 en el conjunto nacional. Salvo en Aragón, Cantabria y Madrid se han observado incrementos en todos los tribunales superiores de justicia.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

CLÁUSULAS SUELO

En el tercer trimestre de 2018 han ingresado en los juzgados especializados de Castilla y León 3.032 procedimientos-44.121 en España- derivados de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, las conocidas como clausulas suelo; se han resuelto 1.786 (18.967 en el país), quedando en tramitación 15.005 (235.059 a nivel nacional). Se han dictado 1.637 sentencias (14.998), de ellas el 99,1 por ciento estimatorias, el 96,7 por ciento el conjunto de España.