Cada vez son más los propietarios de viviendas que se curan en salud e incluyen en los contratos de alquiler protección ante los inquilinos morosos. El arbitraje inmobiliario ha crecido un 10% en el último año, hasta alcanzar un total de 684 contratos de arrendamiento el año pasado. En total, desde 2006, el arbitraje se ha incluido en 1.300 contratos de arrendamiento en la comunidad.

Aunque el arbitraje todavía es una opción minoritaria (en Aragón hay 46.778 pisos alquilados, según el Ministerio de Vivienda), esta práctica aumentará al menos otro 10% a lo largo de 2008, según las previsiones de la Asociación Europea de Arbitraje. Zaragoza, con 458 contratos de este tipo, es la provincia donde más creció el año pasado (un 15% con respecto a 2006). Le siguen Huesca, con 151 contratos (un 5% más) y Teruel, con 75 alquileres protegidos contra morosos (un 4%).

El arbitraje se utiliza, sobre todo, para acelerar el deshaucio de inquilinos morosos y obligar a propietarios a realizar arreglos necesarios en la vivienda alquilada o devolver las fianzas, las principales causas de conflicto en el mercado del alquiler.

Esta vía permite a inquilinos y propietarios solucionar sus conflictos de una manera más rápida, cómoda y barata y en más del 60% de los casos la solución llega de manera amistosa. En lugar de recurrir a la vía judicial, ambas partes se comprometen a acatar la sentencia de un árbitro, que se pronuncia en un plazo de 30 a 45 días. El conflicto queda resuelto en unos cuatro meses, frente a la media de nueve a doce meses que se prolonga un juicio ordinario. El convenio de arbitraje cuesta unos 48 euros y el procedimiento, en torno a 300 euros, menos de la tercera parte de las costas mínimas de un juicio (unos 1.000 euros).CONSULTA AQUÍ MÁS