Satse ha valorado el fallo y ha advertido de que dicho Decreto se dictó tras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideró que para aprobar ese Decreto de 2016 no hubo el estudio económico exigido legalmente.

Además, ha criticado que el único trámite de audiencia se hiciera con las asociaciones empresariales del sector y se hiciera un "decreto "a la carta" para ellas y que solo favorecía que el cuidado de los mayores "se convirtiera en un negocio muy rentable".

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que la sentencia supone un "nuevo revés" para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades porque considera que la tramitación de dicho Decreto no ha cumplido los necesarios requisitos de trasparencia para la sociedad, no se ha dado participación a los profesionales y a las consejerías afectadas, como la de Sanidad.

Así, considera que no se ha observado el procedimiento de elaboración de una disposición general, vulnerando el principio de transparencia tanto en lo que afecta a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de su elaboración, como en la audiencia a las entidades locales titulares de estos centros, ha señalado el sindicato.

Satse considera "clarificador" que la Sala del TSJCyL que dicta sentencia señale en la misma que, como también afirmó el Consejo Consultivo, "no resulta justificado que se haya recabado la opinión del sector privado... y no la de las entidades locales con centros de este tipo y que resultan igualmente afectadas" y que "a las entidades locales, y solo a algunas, se les ha requerido sobre ratios de personal y perfiles profesionales de los trabajadores del centro y no se les ha dado el traslado del proyecto" de Decreto.

La sentencia también afirma que "no se alcanza a comprender cómo no se le ha oído, pues dentro de la función de asesoramiento y participación no cabe duda que entra la que de forma específica se establecía en el Decreto anterior" y que "resulta difícil imaginar un supuesto en que sea más necesario realizar esa función de asesoramiento y participación".

REPERCUSIÓN EN SACYL

Satse ha apuntado que falta el informe correspondiente al proyecto aprobado del Consejo de Cooperación local de Castilla y León y del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León y es "insuficiente" el examen que se efectúa en la memoria de su incidencia en el Sistema de Salud de Castilla y León, en concreto en los centros de salud de las zonas básicas de salud en cuyas localidades se encuentran algunas de estas residencias, así como no resulta acreditado en qué momento se incorpora el informe de la Consejería de Sanidad.

El sindicato considera "relevante e intolerable" que en la sentencia se refleje que el único trámite de audiencia para este Decreto que realizó la Consejería de Familia fuera con las asociaciones empresariales que tienen intereses en los citados centros residenciales, "algo que no debe permitirse a una administración pública".

"No informa a los organismos públicos afectados por la nueva normativa, pero sí a las empresas que cuentan con intereses en este ámbito que se regula", ha añadido.

Satse Castilla y León ha recordado que impugnó este Decreto porque suponía un "cambio de modelo asistencial" respecto al Decreto de 2001, ya que el de 2017 "despojaba" a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales con que debían contar, entre ellos los de enfermería.

De este modo, ha asegurado que dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etcétera, y recurría a los de Sacyl, de manera que a su juicio "sobrecarga" el Sistema de Salud de la Comunidad, aparte de "no garantizar" una asistencia suficiente y de calidad a los residentes, "que no hay que olvidar, son personas mayores, en su mayoría pluripatológicos y dependientes".

Además, ha añadido que el Decreto de 2017 suponía que la asistencia sanitaria de estos centros se hiciera "recaer" en los centros de salud de Sacyl, que iban a recibir, además del suyo, un importante volumen de trabajo sin que quedara clara su incidencia presupuestaria y si se iba a incrementar su personal para hacer frente a esas necesidades "que, en todo caso, deberían quedar cubiertas en los propios centros de mayores".