Este lunes ha terminado la práctica de toda las pruebas programadas en el juicio por blanqueo de capitales que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra contra el histórico narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, su primera esposa, su excuñada, la mayor de sus hijas y un constructor, presunto testaferro.

Así, la sesión final de juicio ha sido señalada para el próximo viernes, 30 de noviembre, con las conclusiones e informes finales de las partes.

En la vista oral de este lunes ha comparecido un perito trabajador de Valmesa, la empresa de valoraciones contratada por Hacienda para tasar el patrimonio de los acusados, que ha ratificado los informes en los que detectaron irregularidades si bien ha reconocido que no recordaba detalles y que para hacer este trabajo emplearon los datos de la Agencia Tributaria sin entrar en el interior de las propiedades.

También ha comparecido ante la sala un perito de la empresa Horwath Auditores que realizó un informe a petición de la defensa de María Rosa Pouso Navaza sembrando dudas sobre las pruebas periciales usadas por la Fiscalía que según explicó contiene "errores de percepción" que impiden sostener que su patrimonio procede de la actividad de narcotráfico de Miñanco.

Por el contrario, el informe de este especialista auditor concluye que el patrimonio que tienen la exmujer de Sito Miñanco y su hija, Rosa María Prado Pouso, es "coherente" con sus ingresos legales y declarados.

Al término del juicio, el abogado de María Rosa Pouso Navaza, Alejandro Vega, ha insistido en que el escrito de acusación de la Fiscalía que ha llevado a su clienta a sentarse en el banquillo de los acusados "no parece una acusación seria". Mientras, el letrado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, considera que "no ha habido hasta el momento, y la prueba ya se acabó, nadie que dijese que haya detectado una inyección de dinero procedente de mi cliente".

El próximo viernes la Fiscalía determinará si eleva a definitivas o modifica su acusación por un supuesto delito de blanqueo de capitales entre los años 1988 y 2007, por el que pide que sean condenados a una pena de seis años de prisión y 10 millones de euros de multa cada uno.