Esperanza Fernández es la jueza titular del único juzgado de violencia de género que hay en Móstoles, en el sur de Madrid. Su jurisdicción da servicio también a varios municipios menores. En total, a 320.000 vecinos y vecinas. Es raro el día que tiene solo un juicio por violencia machista en su agenda. Ese día, cuenta, puede sentarse con la mujer que llega, escucharla con calma y aconsejarla, pero reconoce que lo habitual es que en una jornada tenga que aplicar la justicia exprés en cinco, seis y hasta siete juicios rápidos.

Invitada en el primer foro de EFE sobre violencia de género, Fernández sorprendió el viernes al reconocer que se archivan casos de maltrato sabiendo que la víctima sufre, debido a la dificultad probatoria de este delito.

En conversación posterior con 20minutos, la jueza insistió en recomendar a las mujeres que salen del juzgado sin la protección que fueron a buscar que no se rindan y acudan al juzgado cada vez que sufran una agresión.

"Hay veces que yo sobreseo. Se lo explico a la mujer y le digo: lo siento, la he creído, pero las reglas procesales son las que son", reconocía. "Le digo, mire, usted ahora no tiene pruebas. La he creído, soy consciente de su situación, si el señor la sigue molestando tiene que volver a contármelo", añadía. "Hay que ayudar a la mujer a que siga denunciando, porque es la única manera de protegerla".

"Para protegerlas necesito fundamentar mis decisiones con pruebas. Para eso es importante la implicación del entorno familiar, el que ella pueda aportar un whatsapp del marido con amenazas, o un parte médico, cualquier cosa, porque con la palabra de una y otro no es suficiente".

La magistrada defiende que se mejoraría la protección de las maltratadas "si se desvinculara la concesión de una orden de protección de los indicios fundados de delito y se vinculara al riesgo que corre la víctima". Cree que de ser así, y si los juzgados contaran con equipos forenses para la valoración del riesgo, se tomarían más medidas cautelares de protección con las mujeres estarían más seguras.

"Va justamente en la línea el real decreto aprobado recientemente por el Gobierno, que desvincula la atención social de las maltratadas de la interposición de la denuncia", recuerda Fernández.

Los jueces, a día de hoy, conceden en torno al 68% de las medidas de protección que solicitan las víctimas en los juzgados. Incrementar este porcentaje podría ayudar salvar vidas, a juicio de la magistrada. "Todavía no he visto ningún asesino con la pulsera de vigilancia puesta", reconocía.

Pero mientras no se reforme la ley, ella sigue necesitando encontrar indicios de delito, de ahí que insista en su mensaje de que las mujeres deben seguir denunciando. "Es un proceso pesado y lento. Es agotador, pero tienen que seguir, no hay otro mecanismo".

Fernández reconoce además que hay mentalidades que cambiar y formación en género pendiente en la judicatura. "No es de recibo", denuncia, "que se deniegen órdenes de alejamiento con la excusa de que para qué la necesitan si ya están separados. Eso hay que mejorarlo".