Tras dos reuniones este miércoles y el intercambio de textos, en continuidad con el encuentro mantenido este martes en sede parlamentaria por todos los grupos con la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, no ha sido posible pactar un texto conjunto.

Todos los portavoces parlamentarios han comparecido después para informar de que sí ha habido consenso en mostrar la oposición al cierre de la térmica turolense en 2020, reclamar su "paralización inmediata" y exigir que se lleve a cabo una negociación entre la empresa y los Gobiernos de España y Aragón sobre las condiciones para un proceso de transición justo, con inversiones suficientes en la zona.

Sin embargo, el escollo para acuerdo se ha producido en un segundo punto, en el que se exigía al Gobierno de España medidas para una transición justa y ordenada, incluyendo las legislativas con carácter urgente y todas aquellas que se consideraran oportunas para paralizar el cierre en 2020, oponiéndose Ciudadanos.

Su portavoz, Susana Gaspar, ha indicado que "no estamos de acuerdo en solicitar medidas legislativas que impidan el cierre unilateral por parte de la empresas porque eso choca frontalmente con las directivas de la Unión Europea (UE) y con los requerimientos que ya ha hecho a España".

Gaspar ha subrayado que impedir el cierre unilateral de una instalación de generación eléctrica "solo puede ocurrir en caso de haya peligro para la seguridad de suministro" y Europa "ya ha dicho que no es así" en esta situación.

La portavoz de Cs ha recordado que el cierre en 2020 "era algo que se sabía" y ha apostado por "trabajar para conseguir planes de reindustrialización y transición energética justa, sólidos y solventes", algo para lo que "seguimos tendiendo la mano al Gobierno de Aragón y al resto de grupos".

TERCER PUNTO

La propuesta de acuerdo incluía un tercer punto que instaba al Gobierno de España a que asumiera el liderazgo para exigir a Endesa medidas para aumentar el horizonte de apertura de la central, en el que había discrepancias sobre la fecha que se podía fijar, bien 2025 o 2030.

No obstante, esta cuestión no se ha llegado a debatir en profundidad ante la falta de acuerdo en el punto anterior. También se pedía un plan alternativo que permitiera a medio plazo mantener la actividad en la zona.

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha esgrimido que "no basta solo con manifestar la voluntad de impedir ese cierre", sino que "hay que poner en marcha las medidas legislativas para evitar que las empresas generadoras de energía eléctrica tomen de forma unilateral y sin condiciones este tipo de decisiones".

También ha reclamado "crear un marco regulatorio que propicie un proceso de transición lento y ordenado", para el que el PP proponía fijar el cierre de la térmica en 2030, si bien "otros grupos lo rebajaban al 2025, pero entendemos que hubiéramos encontrado un común denominador" para establecer el plazo necesario para el proceso de industrialización, ha dicho la parlamentaria.

Vaquero ha reclamado un "acuerdo eficaz" y "no solo hacer llegar un mensaje a las cuencas mineras para tranquilizar, pero que no sirviera para nada" y ha anunciado su intención de plantear iniciativas parlamentarias para lograr "sino la unanimidad, sí mayorías".

NO ES LA MEJOR IMAGEN

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha opinado que la falta de acuerdo "no es la mejor imagen, ni lo que esperan los ciudadanos", para aclarar que su grupo estaba dispuesto a exigir al Gobierno de España "medidas para una transición justa, también legislativas", aunque "sabemos que son complicadas" y "ha sido otro grupo el que ha dicho que no de forma contundente, quizá porque hace más caso a lo que le dicen de Madrid que a lo que necesita Aragón".

A su entender, "está por encima mandar un mensaje a la sociedad" unánime "a costa de dejarnos pelos en la gatera" para anunciar que van a proponer iniciativas en las Cortes "para que todo el mundo se retrate y ver hasta dónde se quiere llegar", así como para "llegar a un acuerdo lo más mayoritario posible" y así "mandar un mensaje de firmeza a Enel y Endesa", así como al Gobierno de España.

El diputado de Podemos, Román Sierra, ha señalado que el territorio aragonés "no puede depender de una junta de accionistas, de una empresa que era pública y pasó a manos privadas, que cuando no le salen los números, se va del territorio" y por eso "la empresa tiene que hacer inversiones en la zona, si va a cerrar", como ocurre en otros países.

Asimismo, ha considerado que los diferentes Gobiernos "también tienen una responsabilidad porque es una decisión que desde hace tiempo se vislumbraba" y ha reclamado un "esfuerzo mucho mayor a todas las Administraciones" para "trabajar en unas alternativas claras para el territorio".

Igualmente, ha defendido una "transición justa", que "no deje a nadie atrás, con un plan social para los trabajadores de la minería, de la central y de las subcontratas", al tiempo que ha asegurado que su grupo "va a poner todo su empeño para que haya un futuro para las cuencas mineras y para eso vamos a necesitar acuerdos mayoritarios tanto aquí, como en el Congreso de los Diputados".

AGOTAR TODAS LAS POSIBILIDADES

El portavoz del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, ha apostado por "agotar todas las posibilidades" para que Endesa reconsidere la decisión y junto con el Gobierno de la Comunidad y el de España "diseñen esa continuidad de la central más allá del 2020, que se puede hacer, con medidas económicas y del marco regulatorio del sector eléctrico, donde el Estado tiene amplias competencias".

Además, ha reclamado que se fije un horizonte "no brusco de cierre, con planes de activación y reactivación de las cuencas mineras", tras mostrar la "frontal oposición" de su partido al cierre de la central en 2020 y asegurar que el PAR "no va a ser un obstáculo para que

haya un texto de consenso".

El portavoz de la agrupación parlamentaria de CHA, Gregorio Briz, ha asegurado que su formación estaba dispuesta "a aceptar diversas propuestas que se planteaban" para "fortalecer la posición de las Cortes frente a la empresa y en solidaridad con los ciudadanos que viven en el territorio".

Ha lamentado que haya compañías multinacionales "que toman sus decisiones solo por la codicia" y cuando dejan de recibir subvenciones, cierran sus instalaciones en un territorio.

A su entender, "este es un conflicto entre grandes compañías y Estados nacionales", para sostener que estos últimos "tienen que tener su soberanía en terrenos estratégicos, como la electricidad, y la legislación podría ayudar", para reclamar a la empresa que sea "corresponsable" con el "problema social y humano" que se genera.

DEJACIÓN

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha criticado la "dejación absoluta" por parte de Endesa "de sus obligaciones y responsabilidades", después de que ha obtenido "muchos beneficios en las cuencas mineras".

Al respecto, ha planteado que "quizá habrá que hablar en algún momento de la importancia de determinados sectores estratégicos, como la energía, estén en manos públicas", para evitar que se tomen decisiones "alejadas del territorio y de las necesidades de la ciudadanía".

También ha opinado que desde los diferentes gobiernos de España y Aragón "se ha gestionado mal", si bien ha querido lanzar también un "mensaje de compromiso y responsabilidad por parte de las diferentes Administraciones para que, junto con Endesa, garanticen que a las cuencas mineras les van a llevar alternativas, que pasan por planes de desarrollo que tengan presupuesto, compromiso político e impliquen a los agentes sociales de la zona".