El plan busca contribuir al establecimiento de un sistema de asistencia a las víctimas efectivo, sostenible y accesible, que atienda a las víctimas y que estará especialmente dirigido a personas vulnerables durante los procedimientos, según ha informado IRSE-EBI.

En este contexto, y como expertos del Servicio de Atención a la Víctima del Gobierno Vasco, en la iniciativa están colaborando Lourdes Lorente Diharce, trabajadora social y coordinadora del servicio de atención a la víctima del Gobierno Vasco, y José Ignacio Martínez Ruíz, jurista, junto al jefe de Justicia de adultos de la Dirección de Justicia del Gobierno vasco, Roberto Moreno.

Lourdes Lorente y José Ignacio Martínez Ruíz contribuirán a elaborar el reglamento que regule las funciones del personal que trabaje en las oficinas de atención a las víctimas que se crearán en la capital turca durante el mes de noviembre.

Esta iniciativa se enmarca en un proyecto de hermanamiento entre la Unión Europea y Turquía para el refuerzo de los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal, y está financiado por la Comisión Europea con un presupuesto de 2.300.000 euros dentro del Programa 'Instrumento de Ayuda de Preadhesión' (IPA).

En su implementación colaboran el Ministerio de Justicia turco y el Consejo General del Poder Judicial español y, a través de él, expertos de varias comunidades autónomas. El proyecto comenzó a implementarse en abril de 2017, y cuenta con un periodo de ejecución de 24 meses. Hace unas semanas, del 22 al 26 de octubre, se llevó a cabo la reunión previa de la acción en la que tanto Lorente como Martínez se encuentran participando y que contó con la presencia de Roberto Moreno, jefe de Justicia de adultos de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco decidió crear en 1991 en Bilbao el primer Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, siguiendo la línea de actuación marcada de defensa y protección de los Derechos Humanos de las víctimas, de forma que se consiga una mejor atención a toda persona afectada por las consecuencias de un acto delictivo.

Esta iniciativa tuvo continuidad con la instauración en 1994 de otro Servicio de iguales características en San Sebastián, para llegar en octubre de 1995 a la apertura del Servicio en Vitoria. Dichas oficinas de asistencia, gestionadas por el Instituto de Reintegración Social de Euskadi, se ubican en los Palacios de Justicia de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, respectivamente, siguiendo los criterios de eficacia práctica y cercanía con el entorno judicial.