La nueva ley de Protección de Datos, que se debatirá mañana en el Senado, permitiría si se aprueba que los partidos políticos rastreen datos personales y opiniones políticas de los usuarios de redes sociales sin su consentimiento, de cara a elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos y personalizar la propaganda política.

Según explica el abogado experto en Derecho Digital Borja Adsuara, se trata de una situación "gravísima" ya que las opiniones políticas se enmarcan dentro de las categorías especiales de datos personales "especialmente protegidos".

Esto lo permitiría un artículo incluído a raíz de una enmienda presentada por el PSOE y respaldada por el resto de formaciones, que, además, abre para los partidos la puerta a unas prácticas que son en cambio ilegales para cualquier otro tipo de organización.

Las enmiendas propuestas para esta ley, por otro lado, retira la consideración de actividad o comunicación comercial tanto al envío de propaganda política por mensajería instantánea o redes sociales como a la contratación de espacio para anuncios en redes sociales o medios equivalentes.

De acuerdo al abogado Jorge García, uno de los primeros juristas en advertir sobre este proyecto de ley en su blog, la nueva legislación podría "dejar las manos libres a unas organizaciones con los máximos incentivos para utilizar cuantos medios tengan a su alcance para lograr su objetivo: conseguir poder".

Paradójicamente, la motivación que el grupo socialista alega para esta modificación es evitar nuevos casos de usos ilícitos de información personal para fines electorales, en la estela de lo ocurrido con la consultora "Cambridge Analytica", vinculada a la victoria política de Donald Trump en Estados Unidos, que obtuvo acceso, analizó y diseñó algoritmos basados en datos personales de usuarios de Facebook sin consentimiento de los mismos.

En cambio, tal y como advierte Adsuara, el panorama que se abriría con la aprobación de esta ley "es mucho peor" que el planteado por Cambridge Analytica.

Este proyecto de ley ya obtuvo un fuerte apoyo cuando la semana pasada la comisión de Justicia del Senado lo aprobó por unanimidad.

La ley se planteó como una garantía para una mayor protección de la intimidad digital, adaptando la ley española al nuevo reglamento europeo que exige a las empresas consentimiento expreso de los usuarios para poder utilizar sus datos con finalidades diferentes a aquellas para los que fueron recabados en primer lugar. Sin embargo, va más allá; regula, por ejemplo, el tratamiento de datos personales en procedimientos transfronterizos e incluye una carta de derechos digitales, que entre otros refleja el derecho a la desconexión virtual laboral.