La Guardia Civil se llevó este martes de la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) información sobre un expediente que la propia Acco tiene abierto "por una posible connivencia entre empresas constructoras en la adjudicación de contratos de obras públicas", según declaró a los periodistas el presidente de este organismo, Marcel Coderch.

Una decena de agentes de la Guardia Civil entraron con orden judicial sobre las 10 de la mañana en la sede de la Acco –ubicada en la Vía Laietana de Barcelona- y salieron alrededor de la una de la tarde, dentro de una operación ordenada por el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y derivada de la causa del caso 3% sobre el pago de comisiones ilegales en adjudicaciones y la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC).

El juez solicitó registros en ocho empresas, así como en 13 despachos profesionales, y requerimientos en la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat y la Acco para investigar posibles amaños en concursos para adjudicaciones públicas. El magistrado José de la Mata investiga a esta supuesta trama por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partido político, blanqueo y malversación.

Desde las 9.00 horas, agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil efectuaron registros en Barcelona, Lleida, Vizcaya y Sevilla, aunque no había previstas detenciones, según fuentes policiales.

La investigación arranca de la documentación intervenida en 2015 en el registro de Infraestructures.cat, en el epicentro de la trama del 3%, donde la Guardia Civil intervino correos electrónicos de una cuenta denominada "nuriabofill", con copia a empresarios del sector privado, que despertaron las sospechas de los investigadores.

Del análisis de estos correos, los investigadores infirieron la existencia de un pacto entre un grupo de empresas privadas con empresas públicas, como GISA, REGSA, ATLL o BIMSA, entre otras, para excluir de la adjudicación de obras, mediante la alteración de las ofertas, a las compañías que no formasen parte de este supuesto pacto ilícito.

De esta forma, las empresas vinculadas a este supuesto pacto habrían acordado con la Generalitat repartirse licitaciones, lo que ahora se trata de corroborar mediante la documentación requerida hoy a estas compañías y en la sede de la Acco.

En concreto, la Guardia Civil se personó en la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte la relación de sus actuaciones sobre el entramado de empresas supuestamente involucradas en esta trama por las adjudicaciones de concursos relativos a Gestión de Infraestructuras (GISA), Infraestructures de la Generalitat, Agencia Catalana del Agua, Regs de Catalunya, Consorcio de Aguas de Tarragona y Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

"Se trata de una inspección domiciliaria que hicimos a empresas de ingeniería recientemente", explicó a Efe el director general de la Acco, Marc Rialp, que precisó que la Guardia Civil podría haber tenido acceso a esta información mediante un escrito de requerimiento, pero que por causas que desconoce prefirió hacerlo de forma presencial.

La Guardia Civil también acudió a buscar documentación en la empresa pública Infraestructures.cat, como órgano licitador y adjudicatario de expedientes bajo sospecha. Los agentes se personaron asimismo en la sede en Barcelona de las empresas Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (ASINCA), el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL.

Además, el instituto armado requirió información en la central corporativa de la ingeniería vasca Sener, en Getxo (Vizcaya), sobre la participación de la compañía en la construcción del AVE en Cataluña.

En esta nueva línea de la investigación del caso del 3% se trata de aclarar un supuesto direccionamiento de contratos públicos de la Generalitat a favor de determinadas empresas de proyectos de ingeniería a través de Infraestructures.cat, según las fuentes.

En los correos electrónicos que hicieron levantar las sospechas se constataba, según las fuentes, que se habría articulado un sistema para fijar los criterios de valoración para adjudicar contratos administrativos, que ponderaba la puntuación de la oferta técnica por encima de la económica, para beneficiar a la trama.

También se fijó un sistema de control de la media de las ofertas presentadas, que descartaba a las que no formaban parte de este supuesto pacto ilícito, según las fuentes.

A raíz de la documentación intervenida este martes en la sede de la Acco y en las empresas bajo sospecha, los investigadores esperan acreditar que se celebraron varias citas entre empresarios y responsables de Infraestructures.cat y con figuras clave del caso del 3%, como el extesorero de CDC Andreu Viloca o el exconseller de Justicia Germà Gordó.

De hecho, según las fuentes, tras analizar el funcionamiento de este entramado los investigadores han concluido que la mayor parte de las empresas bajo sospecha formaban parte del pacto y recibieron correos electrónicos con instrucciones para adjudicarse los contratos.

Además, los investigadores no descartan que se pueda acabar identificando a un ente o político que coordinase las instrucciones de direccionamiento de contratos públicos y que, supuestamente, su objetivo fuera financiar irregularmente a Convergència Democràtica (CDC).

En este sentido, las fuentes apuntan a que esta nueva línea de investigación podría complementar el papel de Germà Gordó como "conseguidor" de contratación pública, que la Guardia Civil ya le atribuye en el caso del 3%.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, el presidente de la Acco, Marcel Coderch, insistió en que se trata de un requerimiento de información sobre un expediente abierto por el mismo organismo, y que la actuación no va contra ellos. "En ningún caso la actuación va dirigida a nada que haya podido hacer la Autoridad Catalana de la Competencia. Supongo que al revés: quizás nos podrían felicitar por habernos anticipado hasta un año, año y medio", dijo.

Coderch recalcó que son ellos mismos los que están facilitando toda la información sobre este expediente, que recogieron en varias inspecciones que realizaron en las empresas en cuestión: "Somos partícipes de una operación más amplia". Por eso, cree que la Guardia Civil podría haber recogido esta información de forma más discreta, ya que "hay procedimientos normales de requerimiento de información que muchos juzgados hacen servir. Entiendo que son las circunstancias en que se encuentra el país".

Coderch explicó que la Guardia Civil ha requerido toda la información recabada y todas las actas de las inspecciones: "Son 3,3 gigas de información digital sobre estas diferentes empresas", afirmó.