Alan García
El expresidente peruano Alan García, a su llegada a la sede del Ministerio Público, en Lima (Perú). Ernesto Arias / EFE

El expresidente peruano Alan García Pérez solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima después de que un juez le prohibiera salir del país por un periodo de 18 meses mientras es investigado por una presunto fraude agravado y lavado de activos en el caso Odebrecht en Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, a través de un comunicado, de que el embajador de Uruguay en Perú, Carlos Alejandro Barros, comunicó este domingo por la mañana que García ingresó la noche del sábado a su residencia y solicitó asilo, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que son parte Perú y Uruguay.

El Gobierno uruguayo deberá evaluar ahora la solicitud de García, que está siendo investigado por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez por presuntamente haber recibido un pago de Odebrecht por valor de 100.000 dólares para dictar una conferencia en Brasil, a través de un intermediario.

Precisamente este sábado, la Justicia peruana impuso a García la prohibición de salir del país durante 18 meses, una medida a la que el ex mandatario dijo "allanarse" y que consideró que "no era una sanción".

Impedir que eluda el proceso

La Fiscalía peruana solicitó el pasado jueves esta medida de restricción contra García, presidente entre los años 1985-1990 y 2006-2011, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación del Metro 1 de Lima.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena valoró el sábado que "existen suficientes elementos de convicción" para declarar fundada la medida.

Según Sánchez, algunos documentos entregados por Odebrecht en el marco de una colaboración eficaz con la fiscalía brasileña, infieren que el dinero que García recibió de la empresa provenía de fuente ilícita, por lo que "amerita no solo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados".

El caso de García entró en una espiral insospechada el jueves, cuando el exmandatario llegó a Perú procedente de España, donde reside habitualmente, para declarar ante la Fiscalía por este caso.

El objetivo de la petición de la fiscalía de impedir que García salga de Perú es evitar que eluda el proceso, como ya hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 se declaró que había prescrito una acusación por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer mandato (1985-1990).

"Persecución política"

Alan García, por su parte, justificó su petición de asilo diplomático en la residencia del embajador uruguayo en Lima por el "clima de persecución política" que vive su país, impulsado, según dijo por el afán del Ejecutivo de Martín Vizcarra para "copar las instituciones".

Así lo explicó el propio García en una carta dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que fue difundida por las redes sociales del Partido Aprista Peruano (PAP), en la que narró su visión sobre lo que sucede en Perú y rechazó las acusaciones de corrupción en su contra relacionadas con el escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

"Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución [...]. En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimiento investigatorios, extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones", denunció García.

Así, según el expresidente, las acciones de la Fiscalía en su contra y la orden judicial de impedimiento de salida del país por 18 meses que se le impuso el sábado tienen un "propósito político y persecutorio" en su contra.

García insistió, como ya hizo en anteriores ocasiones, en que desde que estalló el escándalo de Odebrecht, "la atención fue puesta" sobre él a la espera de que "las delaciones acordadas" entre la empresa y la fiscalía arrojaran pruebas de pagos o sobornos.