Y es que, según ha criticado en una rueda de prensa en el Congreso su diputada Yolanda Díaz, de En Marea, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), considera que el número de bloques de potencia planteados "son insuficientes", por lo que ha reclamado elevarlos de 40 a 90, como mínimo.

Además, ha exigido que aumente el plazo de la interrumpibilidad subastada para que sea de, al menos, un año. "Vamos nuevamente a que las empresas no saben cuál va a ser el precio de la electricidad en 2019", ha criticado la diputada de Unidos Podemos.

Así, el grupo confederal cree que con esta subasta el Gobierno de Pedro Sánchez "reproduce los males" del anterior Ejecutivo del PP, subrayando que vuelve a ser "una subasta puramente especulativa" y "opaca", a costa del consumidor. "Repite un modelo que es fallido y no sirve para dar respuesta a las industrias electrointensivas", ha lamentado.

Por otro lado, Díaz ha cuestionado que Ribera no aborde la regulación de las empresas electrointensivas, sino que haya decidido esperar a la Ley de Cambio Climático para contemplar la elaboración de un Estatuto para estas empresas, cuyo desarrollo tendría que establecerse en un reglamento seis meses después a la aprobación de la ley.

"Ni a nosotros ni a los trabajadores sobre los que pende hoy su despido nos gusta que nos tomen el pelo. La ministra puede con un decreto regular como en Francia y Alemania el estatuto. Sería bueno que conozca las normas y que arregle el tema de manera definitiva", ha abundado Díaz, que cree que "tal y como lo plantea hoy, las industrias electrointensivas están abocadas al cierre".

"EL GOBIERNO PUEDE SALVAR A ALCOA MAÑANA MISMO"

Por otro lado, el grupo confederal de Unidos Podemos, al pertenece En Marea, ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea una serie de medidas con las que, asegura esta formación, el Gobierno "puede salvar a Alcoa mañana mismo".

"Está en manos del Gobierno evitar el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña. El tiempo cuenta y está corriendo ahora mismo para mandar a la calle a 700 trabajadores", ha manifestado el diputado de Podemos Segundo González.

Entre estas medidas, proponen la paralización del ERE extintivo, impedir una parada técnica de las plantas, estudiar la intervención del Estado en las plantas a través de la SEPI y fomentar así la inversión de otras empresas y una ley para que, si Alcoa decide definitivamente marcharse, tenga que devolver todas las ayudas y bonificaciones otorgadas.

En este sentido, González ha reclamado que, a partir de ahora, cualquier ayuda o subvención que se otorgue a una empresa esté condicionada al mantenimiento de la actividad de las empresas y que por ley se obligue, como ocurre en países como Francia, a que una empresa que decida su cierre tenga que buscar antes nuevos inversores para estos centros.

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