El ministro, que ha sido recibido en la localidad soriana de Berlanga de Duero por un grupo de funcionarios de prisiones manifestantes, ha apuntado que los propios trabajadores han definido los últimos siete años como la "época más nefasta" en este sector.
Asimismo, ha recordado las medidas adoptadas por el Gobierno como la oferta de 811 funcionarios, que la abogacía del estado "represente a los funcionarios que hayan recibido agresiones", el adelanto de las indemnizaciones que correspondan al Estado o el reconocimiento de estos trabajadores cuando estuvieron en prácticas para "pasar a segunda actividad".
Grande-Marlaska ha señalado que cuando llegaron al Gobierno se encontraron a los representantes de los funcionarios "encerrados en la secretaría general de instituciones penitenciarias" algo que abandonaron ante la "actitud de diálogo del Gobierno".
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