San Ginés considera que se trata de "un juicio político, que contra todo pronóstico -si se celebra-, será solo a instancias de la formación política Podemos". "Más allá de la preocupación de pasar por este trance, expreso mi plena confianza en los tribunales", ha sostenido.

"De lo que estoy es deseoso de sentarme cuanto antes, para aclarar cualquier duda. Tomé la decisión que consideré más adecuada y justa. La qué el secretario de la corporación y el asesor jurídico me indicaron previamente que era posible, legal y sin orden judicial, tal y como declararon en sede judicial, esto es la incautación de la desaladora", ha detallado a través de un comunicado.

Para San Ginés es "imposible" que se le condene: "Podemos habernos equivocado, pero jamás hemos actuado a sabiendas de una injusticia, que es por lo que se nos acusa, por prevaricación".

"Considero que las dos únicas consecuencias para el interés general son: primero que hoy hay 5.000 vecinos que cuentan con una facturación legal y en igualdad de condiciones que el resto de los vecinos de Lanzarote; y segundo que el Consorcio del Agua de Lanzarote dispone ahora de un canon de 400.000 euros, fondos que nos han permitido entre otras cosas subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera para que sea la más barata de Canarias", ha defendido.

San Ginés aseveró también que "en su día" tanto él como el Cabildo actuaron "compelidos reiteradamente tanto por el Diputado del Común, como por el Gobierno de Canarias, quienes venían denunciando al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote por inacción ante una actividad ilegal, la venta de agua a terceros sin control".