El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha asegurado que el Ejecutivo posee una "propuesta formal" para reformar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y se hará pública, cuando el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, "lo decida".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Guillén ha comentado que su planteamiento "va en la misma línea" que lo expuesto este lunes por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Zaragoza, Ismael Jiménez, en las Cortes de Aragón.

Guillén ha manifestado, asimismo, que la inclusión del ICA en el orden del día de la Comisión Bilateral Ayuntamiento de Zaragoza-Ejecutivo autonómico es el "gran escollo" para que ésta se celebre y ha asegurado que sigue en contacto con el portavoz municipal y consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ya sea por WhastApp, teléfono u otras vías de comunicación.

Ha añadido que el Gobierno de Aragón quiere que el ICA forme parte de la bilateral, pero el consistorio "no quiere que se trate". Así lo ha indicado después de informar de la aprobación en Consejo de Gobierno del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de Servicios Sociales generales para el cual el Gobierno de Aragón destina 11.348.094 euros a la ciudad en 2018.

Guillén ha apuntado que el importe de este convenio ha aumentado esta legislatura un 114 por ciento, algo que demuestra que el Ejecutivo "cumple" con el consistorio y con la ciudadanía de Zaragoza.

En concreto,

esta legislatura la partida destinada por el Gobierno de Aragón a este convenio ha sido en 2015 de 5,3 millones; en 2016, de 7,6; en 2017 de 10,4 millones de euros y en 2018, 11,3.

El consejero de Presidencia ha dicho que la firma del convenio podría hacerse públicamente o de forma "más discreta", algo que deberá decidir la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, pero "haga como se haga, tendrán cumplida referencia".

CONVENIO

La partida de 11,3 millones de euros se destinará a planes y programas de servicios sociales, teleasistencia y pobreza energética. Asimismo, incluye la cofinanciación del equipo de profesionales que conforman la estructura básica de los Centros de Servicios Sociales.

También contempla la financiación íntegra de los profesionales que gestionan el Ingreso Aragonés de Inserción y las Ayudas de Integración Familiar, las prestaciones de servicios sociales generales y de las ayudas de urgencia.

El Ejecutivo ha aclarado que el Estatuto de Autonomía de Aragón y La Ley de Servicios Sociales de Aragón de 2009 establecen la necesidad de coordinación de las actuaciones de las Administraciones públicas con competencia en materia de acción social. Asimismo, la Ley de Promoción de la Autonomía Persona y Atención a las Personas en Situación de Dependencia señala que las entidades locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

Dado que son las entidades locales, según el marco normativo y en virtud del principio de proximidad al ciudadano, las que gestionan los servicios sociales generales y determinados programas específicos, este convenio fija los objetivos, recursos y compromisos, delimitando las aportaciones económicas, así como los plazos y procedimientos dentro del marco de colaboración entre el consistorio de la capital aragonesa y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.