Los concejales socialistas del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) José Bernal e Isabel Pérez han criticado este miércoles que el equipo de gobierno destinará tres millones de euros para adquirir la totalidad del edificio que alberga la Delegación de Urbanismo, propiedad, han señalado, de una sociedad que pertenece, entre otros, al prófugo de la Justicia en el caso 'Malaya' y extestaferro del asesor municipal Juan Antonio Roca, Juan Hoffman.

Bernal y Pérez, que han comparecido en rueda de prensa, han señalado que, además de Hoffman, en la sociedad figuran también el alcalde del municipio malagueño de Estepona, José María García Urbano, y una empresa constructora.

El edil ha indicado que el Ayuntamiento pretende comprar las cuatro plantas que están libres de las siete que tiene el edificio -las otras tres albergan la Delegación de Urbanismo- y que "el inmueble se encuentra en una situación irregular, tiene anulada la licencia de ocupación y no está adaptado para prestar servicios municipales".

"¿Qué tipo de informe permite adquirir un edificio en esta situación?", se ha preguntado el concejal, que se ha referido así a la información que ha publicado este miércoles el digital 'Marbella Confidencial'.

Bernal ha señalado que, de los cerca de tres millones que invertirá el Ayuntamiento en adquirir el inmueble, más de dos pertenecen al Patrimonio Municipal del Suelo y estaban destinados a construir viviendas de protección pública y el resto, unos 600.000 euros, a pagar obras en el municipio a través del Plan de Barrios.

El edil socialista ha indicado que el equipo de gobierno tiene previsto aprobar la modificación presupuestaria para financiar la operación en el pleno de octubre, que la Corporación municipal celebra este viernes.

La moción llegará a la sesión plenaria sin que la oposición la haya abordado en comisión informativa por lo que la Corporación municipal la debatirá sin que haya sido dictaminada, según Bernal.

El concejal ha avanzado que, una vez aprobada la moción en el pleno, el grupo municipal socialista trasladará la documentación a los tribunales. "No vamos a permitir que con el dinero de los vecinos se pague a los que esquilmaron Marbella", ha señalado.

El edil ha criticado que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, "se haga fotos" con los fondos que recupera la Justicia procedentes de casos de corrupción con sentencia firme y "por la puerta de atrás se los entregue a los malayos".

"La alcaldesa ha perdido el norte, la cabeza y la vergüenza. Esta operación sólo es comparable al cambio de lindes que trata de impulsar entre Marbella y Benahavís (Málaga). Muñoz ha vuelto a la Alcaldía para arreglar sus asuntos personales y el de sus amigos".

IU Y PODEMOS

Por su parte, el concejal de IU, Miguel Díaz, ha asegurado que comprar el edificio es "entregar en bandeja un negocio redondo a un grupo de promotores del núcleo duro del gilismo y del neogilismo, prófugos del caso 'Malaya' y personas íntimamente relacionadas con el PP, como el alcalde de Estepona".

"Se trasvasan casi tres millones de euros para pagar un edificio construido ilegalmente y que no es el idóneo para prestar el servicio de Urbanismo. Es uno de los edificios más emblemáticos de las atrocidades del gilismo", ha agregado.

La concejal de Costa del Sol Sí Puede, la marca local de Podemos, Victoria Mendiola, ha calificado la decisión de comprar el inmueble de "unilateral e injustificada". "No nos han dado más información que la mera modificación presupuestaria. Ni siquiera han justificado el importe de los cerca de tres millones con una tasación de los pisos", ha agregado.

EQUIPO DE GOBIERNO

La delegada de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, ha respondido que el Ayuntamiento va a "expropiar" y no a "comprar el inmueble o negociar" con la sociedad propietaria.

La edil, que ha comparecido en rueda de prensa, ha señalado que el gobierno local ha iniciado un expediente de expropiación para el que era necesario la valoración del edificio por parte del área municipal de Patrimonio y una dotación presupuestaria, trámite este último que se elevará al pleno del viernes.

Caracuel ha asegurado que la expropiación es necesaria dado el limitado espacio en el que desarrolla su labor el personal de Urbanismo y para dotar de equipamiento al municipio. "Aquí hay cien personas trabajando. En ocasiones más cuando se incorporan trabajadores procedentes de planes de empleo. Hay veces en las que 17 personas están trabajado en un espacio de poco más de 50 metros cuadrados", ha explicado.

La edil ha tachado de "incendiaria y carente de rigor" la denuncia de Bernal y Pérez ya que, ha señalado, el edificio que alberga la Delegación de Urbanismo "es un sistema de equipamiento institucional, regularizado, cumple los requisitos legales para funcionar con normalidad y tiene licencia de apertura desde 2012".

"La propietaria regularizó el edificio al compensar al Ayuntamiento entregándole tres plantas. Por eso Urbanismo puede estar aquí", ha explicado. También Caracuel ha asegurado que, cuando era alcalde, Bernal inició las conversaciones con la sociedad propietaria para que el Ayuntamiento adquiriera el edificio.

La delegada ha asegurado que, con su denuncia, Bernal trata de desviar la atención después de que el equipo de gobierno anunciara que sopesa la posibilidad de ver en los tribunales supuestas irregularidades que habría cometido el edil socialista durante su etapa al frente de la empresa pública de aguas de la Costa del Sol, Acosol.